Dictadura cívico-militar en Uruguay (1973-1985)

La dictadura cívico-militar uruguaya se extendió entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985. Fue un período durante el cual Uruguay fue regido por un gobierno cívico-militar no ceñido a la Constitución y surgido tras el Golpe de Estado del 27 de junio de 1973. Dicho período estuvo marcado por la prohibición de partidos políticos, la ilegalización de sindicatos y la persecución y asesinato de opositores al régimen.

Antecedentes

Hacia 1955 se inició en Uruguay una crisis económica que afectó también a las instituciones políticas. Durante la década de 1960 hubo un proceso de deterioro social y económico con un notable aumento de la conflictividad, que incluyó la lucha armada a través de la guerra de guerrillas protagonizada por grupos extremistas, entre los cuales se destacó el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. También contribuyeron al incremento de la conflictividad y al deterioro institucional otras organizaciones como la Convención Nacional de Trabajadores y grupos de extrema derecha como el Escuadrón de la muerte y la Juventud Uruguaya de Pie (JUP). Las Fuerzas Armadas fueron asumiendo un creciente protagonismo político hasta que finalmente, con el apoyo del entonces presidente constitucional, Juan María Bordaberry, decidieron dar un golpe de estado.

En 1972 las Fuerzas Conjuntas (organismo que abarcaba las Fuerzas Armadas y la policía) detuvieron a los dirigentes tupamaros Raúl Sendic, Eleuterio Fernández Huidobro, Mauricio Rosencof, José Mujica, Adolfo Wasem, Julio Marenales, Henry Engler, Jorge Manera y Jorge Zabalza por los delitos de sedición y otros, permaneciendo recluidos desde ese momento hasta la finalización de la dictadura militar, es decir, hasta 1985. Fueron recluidos en casi total incomunicación y sufrieron apremios físicos y psicológicos (comprobados posteriormente por organismos como la Cruz Roja Internacional). También en condiciones muy duras estuvieron recluidos los diputados Jaime Pérez, Wladimir Turiansky, Gerardo Cuesta y José Luis Massera.

Los sucesos de febrero de 1973

Bordaberry, queriendo devolver a los militares a los cuarteles y someterlos nuevamente al poder civil, en febrero de 1973 nombró al general Antonio Francese como Ministro de Defensa Nacional. El Ejército y la Fuerza Aérea respondieron emitiendo los Comunicados 4 y 7, en los que "desconocían" la autoridad del nuevo ministro, argumentando que el mismo se proponía desarticular a las Fuerzas Armadas. A su vez, los militares daban la pauta de sus intenciones de, no solo "aportar seguridad para el desarrollo nacional", sino también de querer participar en la "reorganización moral y material del país".

[...] 2°. Inmediatamente de asumido su cargo, el actual ministro puso de manifiesto encontrarse empeñado en cumplir la tarea de impedir mediante la desarticulización de los mandos, que las Fuerzas Armadas cumplieran con la misión de alcanzar los objetivos que se han impuesto, de restablecer el orden interno y brindar seguridad al desarrollo nacional en procura del bienestar general dentro del sistema democrático republicano de acuerdo con la filosofía actual de las Fuerzas Armadas.
[...] 7°. En consecuencia, quien ocupe la cartera de Defensa Nacional en el futuro deberá compartir los principios enunciados, entender que las Fuerzas Armadas no constituyen una simple fuerza de represión o vigilancia, sino que, integrando la sociedad, deben intervenir en la problemática nacional, dentro de la ley y comprometerse a trabajar, conjuntamente con los mandos, con toda decisión, lealtad y empeño, a fin de poder iniciar la reorganización moral y material del país.

"Comunicado Nº 4", Mandos militares conjuntos del Ejército y la Fuerza Aérea, 9 de febrero de 1973.​

El desconocimiento del Ministro y los planteos de participación en la vida política del país, marcaron de hecho una insurrección de estas dos armas. La Armada Nacional, sin embargo, se mantuvo leal al gobierno. Este conflicto institucional provocó que Bordaberry aceptara determinadas condiciones de los militares en el llamado Acuerdo de Boiso Lanza. Para algunos, el Acuerdo de Boiso Lanza fue un prólogo del quiebre institucional que vendría mientras que, para otros, fue de hecho el golpe de estado. Una de las consecuencias del Acuerdo de Boiso Lanza fue la creación del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA).

El golpe

El 27 de junio de 1973, el entonces presidente Juan María Bordaberry, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, disolvió las Cámaras de Senadores y Representantes y creó un Consejo de Estado con funciones legislativas, de control administrativo y con encargo de "proyectar una reforma constitucional que reafirme los principios republicanos-democráticos". También restringió la libertad de pensamiento y facultó a las Fuerzas Armadas y Policiales a asegurar la prestación ininterrumpida de los servicios públicos.

En el decreto presidencial podían encontrarse las siguientes justificaciones del golpe de estado:

[...] la realidad político-institucional del país demuestra un paulatino, aunque cierto y grave, desconocimiento de las normas constitucionales (...) es que la acción delictiva de la conspiración contra la Patria, coaligada con la complacencia de grupos políticos sin sentido nacional se halla inserta en las propias instituciones para así presentarse encubierta como una actividad formalmente legal.​

Asimismo establecía la censura de los distintos medios de comunicación:

[...] la divulgación por la prensa oral, escrita o televisada de todo tipo de información, comentario o grabación que, directa o indirectamente, mencione o se refiera a lo dispuesto por el decreto atribuyendo propósitos dictatoriales al Poder Ejecutivo o pueda perturbar la tranquilidad y el orden público.​

En respuesta a estos hechos, en la misma madrugada en que se gestó el golpe de estado, el secretariado de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) comenzó la huelga más larga en la historia del país, la que duró 15 días.

Doce años de dictadura

En 1975 Juan María Bordaberry elaboró su nueva concepción de la vida institucional. Junto al secretario de la Presidencia, Alvaro Pacheco Seré, imaginó la creación de un órgano ejecutivo que no tuviera que ser electo por el voto popular, idea que plasmaron en un memorándum. Lo llamaron provisoriamente Consejo de la Nación y lo imaginaron integrado por personalidades tales como ex presidentes de la República, miembros de la Suprema Corte de Justicia, figuras de gran relevancia nacional y además y los mandos de las Fuerzas Armadas, que no podían ser dejadas de lado. Se planteaba prescindir de las elecciones por voto popular. Los futuros Consejos de la Nación se integrarían por cooptación, es decir, por elección de quienes componían el cuerpo anterior. Unos consejos elegirían a los otros hasta el fin de los tiempos.

El 1º de junio de 1976, luego del envío de varios memorándums, Juan María Bordaberry efectuó una extensa exposición antes las Fuerzas Armadas, posteriormente entregada a éstos en un trabajo de veintinueve carillas. En éste condicionó su permanencia en el cargo a la aceptación de sus propuestas. Éstas eran:

• La presencia, en lo sucesivo, de los militares en la conducción de la República, institucionalizada a través de una reforma constitucional.
• La soberanía nacional sería ejercida mediante plebiscitos o, indirectamente, por el Consejo de la Nación, integrado por el Presidente de la República y los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas.
• La prohibición de las ideas y agrupaciones marxistas.
• La eliminación de la democracia representativa.
• El Presidente de la República sería electo para un período de cinco años por el Consejo de la Nación.

La propuesta desagradó a las Fuerzas Armadas cuyos integrantes, criados en las tradiciones republicanas, no habían pensado en sacar a los políticos de la escena pública y mucho menos eliminar el acto eleccionario. Los militares discutieron las bases de Juan María Bordaberry y las rechazaron.

El 11 de junio de 1976 se produjo en la residencia presidencial de la avenida Joaquín Suárez el último intento conciliatorio, aunque ya las decisiones estaban tomadas. La reunión fue muy áspera. Ni los generales aceptaron el planteo presidencial ni éste aceptó firmar varios cientos de proscripciones de hombres vinculados a la política.

El general Rodolfo Zubía le pidió la renuncia a Juan María Bordaberry, a lo que éste se negó. Al día siguiente, la Junta de Oficiales Generales bajo la firma del Comandante en Jefe del Ejército Julio César Vadora, le envió una carta a Juan María Bordaberry advirtiéndole que le habían perdido la confianza y retirado el apoyo y dando cuenta del hecho a quien hacía las veces de Vicepresidente, Alberto Demicheli.​

El 12 de junio Alberto Demicheli asumió la Presidencia, quien el 1° de setiembre fue sustituido por Aparicio Méndez (ex Ministro de Salud Pública), quien la asumió por un período de cinco años.

En sentido estricto, ni los militares destituyeron a Juan María Bordaberry ni éste renunció. Tampoco lo hizo Alberto Demicheli al ser sustituido por Aparicio Méndez. Hasta el 1º de marzo de 1977, fecha en la que debía terminar el mandato constitucional de Juan María Bordaberry, de jure coexistieron tres Presidentes de la República.

El 30 de noviembre de 1980 la ciudadanía rechazó por medio de un plebiscito el proyecto de reforma constitucional propuesto por el régimen de facto, dando comienzo a un lento proceso de apertura política.

El 1° de septiembre de 1981 asumió la presidencia el general Gregorio Álvarez.

En noviembre de 1982 se celebraron elecciones internas, pero con los principales líderes históricos blancos y colorados proscritos, al igual que toda la izquierda. De todos modos, los resultados de estos comicios fueron un claro rechazo al régimen dictatorial.

Otro acontecimiento memorable fue el acto del Obelisco el 27 de noviembre de 1983, en el cual el actor Alberto Candeau leyó una recordada proclama, "por un Uruguay sin exclusiones".

En las cárceles uruguayas murieron cerca de un centenar de prisioneros políticos. De acuerdo a la organización no gubernamental de derechos humanos SERPAJ (Servicio Paz y Justicia Uruguay), hay 140 detenidos-desaparecidos:

• 132 uruguayos
• 3 argentinos pareja de uruguayos
• 1 paraguaya pareja de uruguayo
• 4 argentinos,

de los cuales:

• 34 desaparecieron en Uruguay
• 98 desaparecieron en Argentina
• 6 desaparecieron en Chile
• 2 desaparecieron en Paraguay.

Entre los desaparecidos figuran 6 niños, 3 de ellos nacidos en cautiverio.​

Pacto del Club Naval

En 1984, tiene lugar el Pacto del Club Naval acordado en agosto de ese año entre Gregorio Álvarez, el Frente Amplio, el Partido Colorado y la Unión Cívica. Los representantes del Partido Nacional se retiraron de las negociaciones por no compartir el planteo militar de realizar las elecciones con partidos y personas proscriptas (entre ellas, su entonces líder, Wilson Ferreira Aldunate).​ Tras realizarse los comicios el 25 de noviembre del mismo año, sale triunfante el Partido Colorado. El 12 de febrero de 1985 Álvarez deja el mando en manos del Presidente de la Suprema Corte de Justicia en ejercicio, Rafael Addiego Bruno, y, finalmente el 1 de marzo de 1985 el gobierno retornó a los civiles con la asunción de Julio María Sanguinetti (del Partido Colorado) como Presidente.

Consecuencias luego del regreso a la democracia

Al asumir el nuevo parlamento en febrero de 1985, se aprobó rápidamente (se promulgó el 8 de marzo con el número 15737) una ley de indulto a los presos políticos encarcelados en el Uruguay, entre los que había personas que habían cometido de hecho o cohecho, crímenes de sangre. De esta forma todos los presos políticos fueron liberados. Sin embargo, debe destacarse que la amnistía no fue directa para quienes estaban condenados por delitos de homicidio. En estos casos, se los excarceló provisionalmente y se dispuso la revisión de sus causas penales por los Tribunales de Apelaciones en lo Penal, pertenecientes a la justicia común, (habían sido juzgados por tribunales militares dependientes del Poder Ejecutivo, en aplicación de la Ley 14068 de julio de 1972), a los efectos de dictar una nueva sentencia. Se estableció que debía computarse por tres cada día pasado en prisión, a los efectos de la nueva pena, en atención a las reconocidas condiciones inhumanas de prisión padecidas. Esto, sumado a los largos años de reclusión que todos ellos habían sufrido, determinó que en ningún caso se produjera la vuelta a prisión de quienes estaban en esta situación.

En diciembre de 1986 durante la presidencia de Julio María Sanguinetti se dictó la ley 15.848 de la Caducidad de la Pretensión Punitiva de Estado que consagra la impunidad de los delitos de violación de los derechos humanos y de terrorismo de estado durante la dictadura (1973-1985).

En los años siguientes se llevó a cabo una campaña de recolección de firmas para derogar esa Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva de Estado (popularmente conocida como "ley de caducidad"). El 16 de abril de 1989, luego de que más de un 25% de la ciudadanía uruguaya habilitara con su firma el plebiscito para derogar dicha ley, se llevó a cabo el referéndum, con un triunfo del llamado "voto amarillo" (por el color de la papeleta) con un margen de 57% contra 43% a favor del "voto verde". El triunfo del "voto amarillo" significó no derogar la ley de caducidad.

Bibliografía

• Martínez, Virginia (2005). Tiempos de dictadura. Ediciones de la Banda Oriental. ISBN 9974-1-0376-2. 

Véase también

• Golpe de Estado del 27 de junio de 1973
• Consejo de Estado del año 1973