Matanza de Acteal

Columna de la Infamia en el sitio donde ocurrió la Masacre de Acteal, en la que perdieron la vida 45 personas a manos de paramilitares antizapatistas.

Con el nombre de Matanza de Acteal se conoce en los medios mexicanos el resultado de una incursión paramilitar en la zona zapatista de Los Altos de Chiapas (sureste de México) el 22 de diciembre de 1997. Durante dicha incursión, presuntos miembros del grupo Máscara Roja atacaron a indígenas tzotziles de la organización Las Abejas, que se encontraban en el interior de una capilla rezando. El resultado fueron 45 muertos, incluidos niños y mujeres embarazadas. Mientras el gobierno mexicano intentó calificar la masacre como un conflicto étnico, opositores y grupos defensores de derechos humanos la consideran parte de una estrategia gubernamental para desarticular la base social del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El crimen permanece impune.

Tras los hechos de Acteal, fueron inculpados 26 indígenas identificados por los deudos de las víctimas como los autores de los crímenes. Los inculpados habían solicitado juicio de amparo, que finalmente les fue obsequiado a 20 de ellos el 12 de agosto de 2009 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (SCJN), bajo el argumento de que la Procuraduría General de la República (en aquél tiempo encabezada por Jorge Madrazo Cuéllar) fabricó evidencias para inculpar a los presos.

Relación de los hechos

El 22 de diciembre de 1997 45 indígenas tzotziles fueron asesinados mientras rezaban en una iglesia de la comunidad de Acteal, en el estado mexicano de Chiapas. De las víctimas, 16 eran niños, niñas y adolescentes; 20 eran mujeres y nueve hombres adultos. Siete de las mujeres estaban embarazadas. Los responsables directos de la masacre fueron grupos paramilitares opuestos al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Según testigos, las mujeres, hombres, niños y pertenecientes al grupo comunitario de "Las Abejas", fueron todos masacrados sin la menor misericordia por unos 90 paramilitares, presuntamente miembros del grupo Máscara Roja, en una operación que se extendió durante siete horas y que se desarrolló a sólo 200 metros de un retén de la policía.

Con respecto a la masacre, unas 100 personas, en su mayoría indígenas, fueron detenidos y luego recluidos en una cárcel de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas.

El entonces obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, afirmó en su momento que era necesario que la Procuraduría General de la República investigara en relación a los instigadores de esta masacre.

Entre los supuestos participantes figuraron ocho ex oficiales de seguridad pública que fueron condenados a penas de un poco más de tres años de prisión y luego fueron puestos en libertad. De acuerdo con monseñor Ruiz fueron estos oficiales los que propiciaron la matanza de indígenas o que de alguna forma no evitaron que se conformaran los grupos armados.

Según datos extraoficiales se cree que en Chiapas, en aquella época, operaban más de diez grupos paramilitares, que combatían al EZLN. Algunos activistas los vinculan al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México durante 71 años en medio de críticas por presuntos actos de corrupción y autoritarismo.

Reanudado el proceso se ha encontrado en el expediente que existen 83 personas presas alegando como cargos en su contra la portacion de armas de fuego, en el expediente obra que solo existen tres armas que se usaron durante los hechos, además de que de ninguno de los consignados se obtuvo un dictamen positivo en la pericial de restos de pólvora.

La sentencia causa penal 223 dictada en el 2007 condena a 18 personas por portacion de armas de fuego, haciendo incongruente los hechos notorios con la sentencia, además de que sin basarse en dictámenes profesionales se condenó a los detenidos.

Juicio de amparo de los detenidos por la masacre

La Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana (SCJN) atrajo en julio de 2007 el juicio de amparo promovido por 12 indígenas presos por los crímenes cometidos contra los militantes de Las Abejas de la comunidad de Acteal, bajo el argumento de que se encontraron faltas en el proceso judicial. El 20 de abril de 2009, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y la organización civil Las Abejas alertaron sobre la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (SCJN) obsequiaría los amparos a los acusados.​ Por los primeros días del mes de agosto de 2009 algunas voces llamaron la atención al hecho de que la SCJN estaba contemplando la posibilidad de poner en libertad a los 18 detenidos por los homicidios cometidos en Acteal en diciembre de 1997. Según Pablo Romo, coordinador del Observatorio de Conflictividad Social de la organización civil Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y ex sacerdote católico de San Cristóbal de Las Casas, la SCJN estaba aprestándose a amparar a los acusados porque el Estado Mexicano tendría una deuda con ellos, a los que considera sus cómplices.​

Finalmente, el 12 de agosto del 2009, la mayoría de ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó y ordenó la liberación inmediata de alrededor de 20 indígenas que fueron culpados de la matanza de Acteal argumentando que la Procuraduria General de la República fabricó evidencia para inculpar a los detenidos, además de encontrar irregularidades en algunos procesos. judiciales.​

Véase también

• Masacre de Aguas Blancas
• Chiapas
• EZLN

Enlaces externos

Noticias

• Artículo en Human Rights Watch
• Informe del Centro de Derechos Humanos Frayba
• Artículo en BBC Mundo

Otras referencias

• Comunicado del EZLN
• Acteal - 10 años después de la masacre Reportaje de Hermann Bellinghausen, documental del Canal 6 de Julio, ligas, etc.