Usuario:Autoradea/Taller

Judicialización de la política

Conceptualización

Es importante iniciar aclarando que la judicialización de la política es un fenómeno polisémico, es decir, tiene más de un significado​. La primera manera de entenderlo es a través de tres elementos: el activismo judicial, los conflictos políticos resueltos por jueces y, finalmente, los actores políticos y sociales que utilizan los tribunales para proteger sus intereses​. En este concepto, el fenómeno es abarcado a partir de la separación entre aspectos positivos y otros aspectos que merman la imparcialidad en la impartición de justicia: el activismo judicial se expresa en el reconocimiento de derechos ciudadanos, los conflictos resueltos pueden ser un punto medio, mientras que el hecho de que los actores utilicen sus tribunales debe ser tomado como un hecho negativo en los temas de justicia​.

Una definición adicional gira en torno a la politización de la justicia, la cual es tomada como un tipo específico de judicialización, este ocurre cuando la relación entre el poder político y el poder de justicia se hacen cada vez más difusos, autores​ (mencionar cuáles o en todo caso solo mencionar al que citas) conceptualizan esta situación como una contaminación del espacio judicial, en el sentido que las posturas político-partidistas se vuelven claves para las decisiones judiciales por medio de la presión o influencia que este grupo ejerce hacia las cortes​. Por otro lado, el lawfare (o guerra jurídica en español), hace referencia a cuando un actor político poderoso instrumentaliza el sistema de justicia para así poder perseguir, neutralizar y hasta destruir a sus competidores o adversarios políticos ​.

El otro caso es cuando la judicialización de la política es usada por actores corruptos como una vía para no rendir cuentas respecto a sus faltas cometidas, esto ocurre cuando los políticos o funcionarios que han sido sorprendidos en acciones irregulares no están dispuestos a rendir cuentas si no existe un fallo judicial que los obligue a hacerlo​. De esta manera, lo judicial se vuelve un punto difuso que puede ser tomado como un escudo, pues todo lo que no sea legalmente llamado como crimen, está permitido en la función pública, política y administrativa​.

Finalmente, una definición que ha tomado mayor fuerza a causa de los escándalos de corrupción respecto al caso Lava jato en América Latina, consiste en el incremento de las demandas judiciales a personajes que son parte de la política, siendo a su vez, que incrementa la percepción de que estos políticos pueden librarse de la justicia al utilizar estrategias legales para ralentizar su juicio y/o poner trabas en las investigaciones en su contra​.

De lo visto hasta aquí, la judicialización de la política puede ser tomada como algo positivo para el sistema. No obstante, bajo los preceptos de la guerra judicial, esta puede ser tomada cómo una forma en la que las instituciones democráticas son capturadas por actores que hacen primar sus intereses privados​. Esta situación afecta tanto al sistema de justicia como al sistema democrático en general.

La judicialización de la política en el Perú

En el gobierno de Alberto Fujimori (28 de julio de 1990 – 21 de noviembre de 2000)

El fenómeno de la judicialización de la política estuvo presente durante el gobierno de Alberto Fujimori en Perú (1990-2000), este se manifestó de diversas maneras. A continuación, se presenta tres campos claves:

1. Control del Poder Judicial y del Ministerio Público: Fujimori buscó consolidar su poder a través de la destitución de autoridades judiciales y fiscales que mostraran poca afinidad a su gobierno​. Específicamente, en 1992, tres días después del autogolpe de Estado, Fujimori aprobó decretos en los que se destituyeron a trece magistrados pertenecientes a la Corte Suprema y ochenta y nueve jueces de distintas partes del país​. Esta extensa lista de ceses se puede clasificar en base a tres motivos: a) parte de los funcionarios estaban vinculados con el Partido Aprista, partido opositor del gobierno de Fujimori, b) otro sector condenaba constantemente los actos de corrupción, ineficiencia y otros males políticos, c) finalmente, el tercer sector, considerado progresista, se opuso a la actuación del gobierno en materia de libertades y derechos humanos​. Como se puede observar, la judicialización de la política se presenta a través de la manipulación de la justicia, pues se destituyen jueces que pudieron haber hecho del sistema de justicia peruano una arena más transparente e imparcial.
2. Intromisión en organismos autónomos estatales: el autogolpe de Estado no solo significó el cierre del Congreso de la República, sino también el socavamiento de otras instituciones encargadas de controlar, supervisar y fiscalizar el poder ejecutivo y legislativo​. Los organismos autónomos como la Defensoría del Pueblo y el Tribunal de Garantías Constitucionales (actual Tribunal Constitucional) se vieron directamente afectados, pues quedaron a merced de las decisiones tomadas por el expresidente Fujimori​. Esto contribuyó a que hubiera una crisis en el equilibrio de poderes, haciendo que el poder se concentrara en manos del Ejecutivo. Este caso es un ejemplo de dos puntos: el primero, que la judicialización de la política no únicamente se da en el Poder Judicial, sino que puede ocurrir en cualquier institución que se encuentre dentro del Sistema de justicia; el segundo, que la judicialización se ve expresada en la pérdida de independencia de estos organismos.
3. Presencia de la ciudadanía: Un hecho rescatable de este periodo es que la ciudadanía tuvo un papel importante como defensora de sus propios derechos. A partir del nuevo ordenamiento constitucional realizado por el expresidente Alberto Fujimori, parte de la ciudadanía pudo interponer derechos constitucionales, tales como la Acción de amparo​, para así exigir la inaplicación de decisiones políticas en materia económica y laboral. Aunque muchas de estas demandas no fueron aceptadas o resueltas, fueron una manera legal para expresar la inconformidad que tenía la ciudadanía.

En el retorno a la democracia (2000 hasta la actualidad):

Actualmente, el Perú es un país democrático que superó el periodo autoritario; sin embargo la judicialización de la política se mantiene dentro del Estado. Aquí será a partir de diversas cuestiones:

1. Selección de jueces​: La elección de magistrados para el Tribunal Constitucional y el puesto de Defensoría del Pueblo a manos del Congreso de la República pone en peligro la autonomía de estas instituciones​. En el caso del Tribunal Constitucional, al ser las bancadas parlamentarias las encargadas de elegir a los jueces que ocuparán el cargo, puede ocurrir que los magistrados generen una lealtad al partido que promovió su candidatura y elección​. De esta manera, la judicialización se encuentra en los criterios políticos para la elección de magistrados ​ (en caso que sea por afinidad), en las negociaciones interpartidarias para elegir a los magistrados y en la falta de transparencia en el proceso de selección, lo que trae como consecuencia que los magistrados estén más propensos a tomar decisiones judiciales politizadas.
2. Enjuiciamiento de personajes políticos: El Caso Odebrecht en Perú, fue un escándalo de corrupción a gran escala ​que involucró a la empresa constructora brasileña Odebrecht y a distintas autoridades políticas del Perú​. Este caso tuvo un impacto significativo en la política del país, específicamente, tuvo incidencia en la judicialización de la política al reforzar la intromisión (en este caso, necesaria) de la justicia en asuntos políticos​, este refuerzo se ha manifestado en la investigación y procesamiento de los políticos acusados por corrupción.