Usuario:Jeates/Taller

Junta Democrática de España
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Fundación	20 de diciembre de 2020
Ideología	Democracia, Libertad colectiva
Presidente	Rubén Gisbert

La Junta Democrática de España (JDE) es una asociación civil que promueve la reforma del régimen político español. Creada el 20 de diciembre de 2020, sus principios básicos son: obtener un sistema de elección directa de los representantes políticos y la separación de poderes de origen entre el legislativo y el ejecutivo, así como la independencia del poder judicial. Es la refundación de una organización creada en 1974 como plataforma para coordinar la acción de todas las fuerzas políticas, sindicales y sociales que perseguían la ruptura democrática con la dictadura franquista.

Antecedentes

La anterior Junta Democrática de España fue un organismo, que buscaba formar una coalición de fuerzas políticas, sindicales y sociales de oposición a la dictadura franquista, incluyendo al Partido Comunista de España liderado por Santiago Carrillo y personalidades independientes vinculadas a don Juan De Borbón, encabezadas por Rafael Calvo Serer.​ Fue presentado oficialmente el 29 de julio de 1974 en París por Santiago Carrillo y Calvo Serer. Posteriormente se incorporaron el Partido del Trabajo de España (PTE), el Partido Carlista liderado por Carlos Hugo de Borbón, el Partido Socialista Popular (PSP) de Enrique Tierno Galván y Raúl Morodo, la Alianza Socialista de Andalucía, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), la asociación de juristas Justicia Democrática y una serie de figuras independientes, como el intelectual José Vidal Beneyto y el aristócrata José Luis de Vilallonga.​​​

Objetivo y postulados

Su fundación originaria fue el 29 de julio de 1974 como plataforma para coordinar la acción de todas las fuerzas políticas que perseguían la ruptura democrática con la dictadura franquista. Al no existir libertad de prensa e información, su acción se desarrolló en el seno de las organizaciones políticas del momento y su eficacia se vio condicionada por las ambiciones de sus líderes.

Esto llevó a su disolución el 26 de marzo de 1976 al abandonar una parte de sus integrantes los principios de la ruptura democrática y aceptar el pacto con el régimen franquista con la ley para la Reforma Política de 1977. Dando así origen a la partidocracia actual instaurada en 1978 que, a pesar de introducir un régimen de libertades, no cristalizó en un régimen político democrático que pusiera límites y control al poder ni garantizase los derechos fundamentales de los españoles. Razón por la cual los motivos que impulsaron la creación de la Junta Democrática quedaron inconclusos.

Hoy, al ser los partidos políticos órganos del Estado que anteponen sus intereses corporativos y privilegios institucionales a las necesidades de los ciudadanos, se hace improrrogable por más tiempo que los españoles adquiramos pleno dominio de aquello que nos corresponde por derecho propio, la libertad política.

Es hora de que el pueblo español unido tenga la libertad de designar candidatos y elegir a sus representantes políticos para promulgar sus leyes en favor de sus verdaderos intereses y ejercer un control en el ejercicio del poder que lo gobierna.

Ha llegado el momento de que los españoles seamos gobernados por un sistema político democrático que garantice nuestros derechos fundamentales, que ponga limites y control al poder político y actúe en nuestro beneficio, seguridad, estabilidad y pacífica convivencia.

Esa unidad en exigencia de la democracia es la Junta Democrática de España

La asociación busca promover la idea de libertad colectiva, entendiendo que

Manifiesto:

1. Todos los seres humanos son por naturaleza igualmente libres e independientes, y su convivencia en estado de sociedad debe regirse y gobernarse garantizando su libertad e independencia colectiva e individual.
2. La Nación Española no reconoce la autoridad ni legitimidad para gobernarla ni regir su vida en sociedad de ningún Estado cuya forma jurídica no haya sido elegido por aquella tras un periodo de libertad constituyente.
3. La nación española es un hecho histórico dado, y su realidad está determinada por su diversidad cultural, lingüística y regional, que debe ser protegida y preservada indiscriminadamente. Por ello y en atención al daño que la concentración y centralización del poder del Estado de las Autonomías ha generado económica y socialmente, se debe devolver a los municipios el poder que garantice su independencia económica y desarrollo cultural.
4. El pueblo español es el único sujeto político legitimado para darse a sí mismo una forma de Estado y hacer sus propias leyes a través de representantes elegidos uninominalmente en distritos electorales de no más de 100.000 habitantes.
5. Toda votación cuyo fin no sea elegir uninominalmente a los miembros del legislativo con mandato unipersonal, imperativo y revocable del elector y separadamente al ejecutivo, es fraudulenta al atentar contra la libertad política del pueblo español. Y se considera un mecanismo para que bajo la fuerza, coacción o miedo se acepte o legitime un sistema tiránico que hace sus leyes y las impone a la nación tiránicamente.
6. La no participación voluntaria de la mayoría absoluta de la ciudadanía en unas votaciones cuyo fin no sea el determinado en el punto anterior, deja a todo Estado que las organice carente de autoridad ni legitimidad para formar gobierno ni hacer leyes, por lo que a partir de dicho instante será considerado como un poder impuesto mediante la fuerza a la nación española y enemigo de esta.
7. Deslegitimado el Estado, se debe crear un gobierno provisional que mantenga la funcionalidad del Estado y acompañar a ello la apertura de un período de libertad constituyente de mínimo un año de duración. En este periodo el gobierno provisional debe garantizar la libertad de prensa e información para la difusión de todo pensamiento y propuesta política que se base en los principios democráticos de la separación de poderes entre el legislativo y el ejecutivo y la representación política por elección uninominal.
8. A la finalización del período de libertad constituyente, todo español mayor de dieciocho años deberá ser convocado mediante referéndum para elegir la forma de Estado propuesta desde las diferentes organizaciones civiles que las propugnen.
9. Una vez elegida la forma de Estado por la nación, deben realizarse unas elecciones al parlamento o cortes constituyentes, cuyo fin será el de redactar una constitución que establezca la garantía de los derechos fundamentales en una declaración de derechos de España y determine la separación de poderes entre el legislativo y el ejecutivo. Paralelamente a ello deberá suprimirse el Tribunal Constitucional y se creará un consejo de justicia con dotación presupuestaria independiente que garantice la independencia del poder judicial.