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Crisis constitucional de Venezuela de 2017

Contexto del acontecimiento
Fecha 29 de marzo de 2017-1 de abril de 2017
Sitio VenezuelaBandera de Venezuela Venezuela
Impulsores Tribunal Supremo de Justicia
Gobierno previo
Forma de gobierno República presidencialista con rasgos de autoritarismo competitivo (según oposición y diversos analistas)[1][2][3][4]
Gobierno resultante
Forma de gobierno


La crisis constitucional de Venezuela de 2017 se refiere a la ruptura del hilo constitucional en ese país, a raíz de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictara la decisión 156 mediante la cual se atribuye a si mismo las funciones de la Asamblea Nacional (AN) y extendiera los poderes del presidente de la República, Nicolás Maduro.[12]

Al momento de darse las sentencias, la reacción de la Asamblea Nacional, así como de varios organismos de la región fue mayoritariamente negativa. Algunos calificaron dichas acciones como un "autogolpe de Estado" y que se estaba disolviendo a la AN, lo que suscitó protestas en Caracas y otras ciudades del país. Ante dichas acusaciones (y antes de la anulación de las sentencias), el TSJ afirmó que sus acciones no estaban disolviendo la Asamblea, sino que "estarían supliendo sus labores" hasta que esta hiciera los procedimientos necesarios para salir de su estado de desacato.[13]

La Fiscal General Luisa Ortega Díaz, representante del Ministerio Publico (MP), de manera presuntamente personal en un acto oficial de su despacho manifestó su desacuerdo ante las medidas, adoptadas por el alto tribunal tachándolas de "ruptura del orden constitucional"[14]​, lo que fue entendido como un "breve conflicto" entre los poderes públicos tradicionalmente aliados al Poder Ejecutivo Nacional.[15][16][17]

Ante la presión nacional e internacional,[18]​ el presidente Maduro (quién calificó el roce entre el MP y el TSJ como un "impase") convocó a un Consejo de Seguridad de la Nación (bajo argumentado[19]​ cumplimiento del artículo 323 de la Constitución)[20]​ para discutir la situación con los entes públicos (exceptuando a la Asamblea Nacional), que resultó en que el TSJ dictara nuevas sentencias en las que se se suprimieran aspectos decisivamente controversiales de sus previas sentencias.[21]​ Finalmente, el presidente Nicolás Maduro señaló este "impase" era una muestra de una "plena independencia" de poderes en Venezuela,[22]​ posición contrariada por analistas para quienes la propia corrección establecida por el tribunal de sus propias sentencias bajo acuerdos alcanzados por un organismo establecido por el Poder Ejecutivo denotaba su falta de independencia.[23]

Antecedentes[editar]

El presidente Nicolás Maduro ante el TSJ el 7 de febrero de 2017.

Durante la instalación de la Asamblea Nacional el 5 de enero de 2016, el presidente del Parlamento declaró en su discurso inaugural de la cámara que en un lapso de seis meses habría de determinar un mecanismo “democrático, constitucional, pacífico y electoral” para conseguir un cambio de gobierno en el país.[24]

En enero de 2017, el Tribunal Supremo dictó el desacato a la Asamblea Nacional, en la que la oposición posee mayoría,[25]​ debido a la juramentación de tres diputados opositores que había sido prohibida por el TSJ en diciembre de 2015 y al incumplimiento de varias sentencias del Poder Judicial.[26][27][25]​ En la misma sentencia, el TSJ declaró nulas las actuaciones de la Asamblea Nacional desde el 5 de enero de 2017. [28]

El 28 de marzo, el TSJ, con la sentencia 155, anunció el retiro de la inmunidad de los diputados, lo que abrió la posibilidad de que estos pudieran ser enjuiciados incluso ante tribunales militares.[29]

El 29 de marzo, la sentencia 156 estableció que el TSJ garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas por este mismo ente judicial o por el órgano que ella disponga, mientras persista la "situación de desacato" y de "invalidez" de las actuaciones de la Asamblea Nacional.[30]

Eventos[editar]

Sentencias[editar]

Sentencia N° 155

Se ORDENA al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela que, en atención a lo dispuesto en el artículo 236.4, en armonía con lo previsto en los artículos 337 y siguientes eiusdem (ver sentencia n.° 113 del 20 de marzo de 2017), entre otros, proceda a ejercer las medidas internacionales que estime pertinentes y necesarias para salvaguardar el orden constitucional, así como también que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y para garantizar la gobernabilidad del país, tome las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción; y en el marco del Estado de Excepción y ante el desacato y omisión legislativa continuada por parte de la Asamblea Nacional, revisar excepcionalmente la legislación sustantiva y adjetiva (incluyendo la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia Militar –pues pudieran estar cometiéndose delitos de naturaleza militar-), que permita conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática, la convivencia pacífica y los derechos de las venezolanas y los venezolanos; todo ello de conformidad con la letra y el espíritu de los artículos 15, 18 y 21 de la Ley Orgánica Sobre Estados de Excepción vigente.

Se ORDENA al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela que evalúe el comportamiento de las organizaciones internacionales a las cuales pertenece la República, que pudieran estar desplegando actuaciones similares a las que ha venido ejerciendo el actual Secretario Ejecutivo de la Organización de Estados Americanos (OEA), en detrimento de los principios democrático y de igualdad a lo interno de las mismas, sin que por ello se deje de reconocer la digna acción de los Estados que han defendido de manera gallarda los principios del derecho internacional y que, por tanto, han defendido la posición de la República Bolivariana de Venezuela, así como en otras oportunidades han reivindicado los derechos de otras naciones que también han sido arbitrariamente asediadas al igual que nuestra Patria, por denunciar las injusticias que a diario se cometen en el sistema internacional por parte de acciones injerencistas. Y así garantizar, conforme a nuestra tradición histórica, los derechos humanos sociales inherentes a toda la población, en especial, de los pueblos oprimidos.[31]

Sentencia N° 156

Sobre la base de la omisión inconstitucional declarada, esta Sala Constitucional resuelve que no existe impedimento alguno para que el Ejecutivo Nacional constituya empresas mixtas en el espíritu que establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, a cuyo efecto el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo, deberá informar a esta Sala de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República. Cualquier modificación posterior de las condiciones deberá ser informada a esta Sala, previo informe favorable del Ministerio de Energía y Petróleo.

Resolviendo la interpretación solicitada del artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos vigente, la Sala decide que la Asamblea Nacional, actuando de facto, no podrá modificar las condiciones propuestas ni pretender el establecimiento de otras condiciones.

Sobre la base del estado de excepción, el Jefe de Estado podrá modificar, mediante reforma, la norma objeto de interpretación, en correspondencia con la jurisprudencia de este Máximo Tribunal (ver sentencia n.° 155 del 28 de marzo de 2017).

Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho.[32]

Sentencia N° 157

Se Aclara de Oficio la sentencia N° 155 de fecha 28 de marzo de 2017, en lo que respecta a la inmunidad parlamentaria. Se suprime dicho contenido. Se suprime la cautelar 5.1.1 de dicho fallo.[21]

Sentencia N° 158

Se Aclara de Oficio la sentencia N° 156 de fecha 29 de marzo de 2017, en lo que respecta al punto 4.4 del dispositivo referido a que la Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por ésta o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho; cuyo contenido se suprime.[21]

Referencias[editar]

Sobre la Sentencia N° 156
Artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos:

La constitución de empresas mixtas y las condiciones que regirán la realización de las actividades primarias, requerirán la aprobación previa de la Asamblea Nacional, a cuyo efecto el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo, deberá informarla de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República. La Asamblea Nacional podrá modificar las condiciones propuestas o establecer las que considere convenientes. Cualquier modificación posterior de dichas condiciones deberá también ser aprobada por la Asamblea Nacional, previo informe favorable del Ministerio de Energía y Petróleo y de la Comisión Permanente de Energía y Minas. Las empresas mixtas se regirán por la presente Ley y, en cada caso particular, por los términos y condiciones establecidos en el Acuerdo que conforme a la ley dicte la Asamblea Nacional, basado en el Informe que emita la Comisión Permanente de Energía y Minas, mediante el cual apruebe la creación de la respectiva empresa mixta en casos especiales y cuando así convenga al interés nacional. Supletoriamente se aplicarán las normas del Código de Comercio y las demás leyes que les fueran aplicables.[33]

Sucesos posteriores[editar]

Luego de que la comunidad internacional, en su mayoría, repudiara el hecho y que el Consejo de Seguridad Nacional exhortara a la Sala Constitucional que eliminara dichas sentencias, esta hizo lo propio, decidiendo las sentencias 157 y 158, en las que les devuelve la inmunidad parlamentaria a los diputados y sus atribuciones a la Asamblea Nacional.[34]​ Sin embargo, la mayoría de juristas coincidieron que esto era inconstitucional ya que se había vencido el plazo para suprimir las sentencias y que nadie podía revisar las sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo.[35]​ Posteriormente, se realizaron protestas que exigieron la renuncia de los magistrados, la realización de elecciones postergadas y el adelanto de las elecciones presidenciales previstas para 2018.[36]

El presidente de la Asamblea, Julio Borges, durante unas declaraciones el 30 de marzo describió la acción como un golpe de Estado del presidente Nicolás Maduro. Borges instó a los militares a intervenir, afirmando que "no pueden permanecer en silencio frente a la violación de la Constitución" y que "los oficiales de las FAN también están pasando por el drama causado por el alto costo de la vida. Que sean los primeros guardianes de la democracia y la Constitución venezolana y que se conviertan en parte de la solución". Por último, Borges llamó la atención internacional a la sentencia y pidió nuevas protestas diciendo "hay miedo, hay represión, pero es hora de ponerse de pie". [37]

Horas después, funcionarios de la oposición se reunieron fuera de la sede del TSJ y fueron atacados por grupos paramilitares progubernamentales llamados colectivos y tropas de la Guardia Nacional. El diputado Juan Requesens fue atacado por fuerzas colectivas mientras Carlos Paparoni fue empujado hacia una pared de concreto por un guardia nacional. Una periodista del equipo de difusión de la Asamblea Nacional, El Capitolio TV fue golpeado en la cabeza y requirió suturas. Los partidarios del gobierno y las autoridades también intentaron destruir los dispositivos de grabación de los medios de comunicación presentes en la escena. [38]

Estudiantes protestando contra las decisiones a las afueras del TSJ el 31 de marzo de 2017.

En una extraña ruptura de filas, el 31 de marzo de 2017, la fiscal general de la república Luisa Ortega Díaz declaró en la televisión estatal venezolana, sosteniendo una copia de la Constitución de 1999 que la sentencia del TSJ era una "ruptura del orden constitucional" y dijo que era su "deber de informar a mi país de mi profunda preocupación por estos eventos", con un público respondiendo con un largo aplauso.[39]​ Borges, Presidente de la Asamblea, declaró que los funcionarios deberían seguir el ejemplo de Ortega y pidió a los militares "que obedezcan las órdenes de su conciencia".[39]​ Mientras tanto, los manifestantes fueron reprimidos por la Guardia Nacional armada con perdigones y bastones.[40]​ Muchos manifestantes fueron arrestados, con los medios de comunicación atrapados en el asalto y sus cámaras confiscadas, una mujer reportera de Caracol Radio fue señalada por un grupo de tropas y golpeada.[40]

Al informar la historia, The New York Times señaló que en los últimos meses Maduro había sido rápidamente la consolidación del poder, y la Asamblea fue considerada por muchos como el único contrapeso restante para el control del Presidente. También señaló que después de tales movimientos por parte del gobierno, "muchos ahora describen no sólo un régimen autoritario, sino una dictadura absoluta".[41]Fox News también señaló que después de las esporádicas protestas que no produjeron resultados, con el gobierno ya Consolidándose dentro de las fuerzas armadas y políticamente mediante la cancelación de las elecciones, los llamamientos a nuevas manifestaciones así como la intervención de las fuerzas armadas fueron inútiles.[42]

Reacciones[editar]

Nacionales[editar]

El Tribunal Supremo de Justicia denunció a la Organización de los Estados Americanos de acusar sin fundamentos que Venezuela se había convertido en una dictadura.
  • El presidente del Parlamento denunció que el presidente Nicolás Maduro dio un golpe de Estado en el país. "Esto no tiene otro nombre que dictadura y golpe de Estado. Nicolás Maduro tiene todos los poderes de la Constitución otorgados por una sala ilegal. Venezuela no tiene Constitución", indicó Julio Borges desde las afueras del Palacio Legislativo.[43]
  • La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, manifestó su opinión ante las recientes sentencias 155 y 156 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en contra de la Asamblea Nacional (AN). “En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en la Constitución, lo que constituye una ruptura del orden constitucional” afirmó Ortega Díaz.[14]​El presidente Nicolás Maduro señaló este comunicado como una muestra de independencia de poderes.[22]
  • La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), coalición opositora, emitió un comunicado donde «condena de manera categórica y denuncia ante el país y la comunidad internacional lo que considera un duro golpe a la democracia, asestado por el gobierno de Nicolás Maduro y los poderes públicos subordinados a él, en especial el Tribunal Supremo de Justicia, contra el pueblo de Venezuela».
  • El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que “No sabía nada del pronunciamiento que iba a hacer la fiscal como no sabía nada de la sentencia n° 156 que emitió la Sala Constitucional”, desde la Plaza Bicentenario durante la clausura de la Expo Venezuela Digital 2017.[44]

Internacionales[editar]

Gobiernos[editar]

  • Bandera de Alemania Alemania: el Gobierno alemán, a través de su portavoz Steffen Seibert declaró que es "es intolerable cómo el presidente Maduro está volviendo a la población de su país rehén de sus propias ambiciones de poder”.[45]
  • Bandera de Argentina Argentina: el presidente argentino Mauricio Macri, llamó a "recomponer el orden democrático" e insistió en la necesidad de que se cumpla con un calendario electoral y se liberen a los "presos políticos". Al día siguiente del golpe recibió a Lilian Tintori, esposa del líder opositor preso, Leopoldo López, fundador del partido Voluntad Popular, quien es considerado un preso político por una importante parte de la comunidad internacional.[46][47]
  • Bandera de Bolivia Bolivia: mediante un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno de Evo Morales expresó su solidaridad con Venezuela y rechazó las reacciones críticas al golpe: "A nombre del Gobierno y del pueblo boliviano, expresamos solidaridad e incondicional apoyo a la República Bolivariana de Venezuela ante un nuevo ataque que busca fracturar la democracia, desestabilizar al Gobierno y desconocer la Constitución Venezolana", rezaba el documento. También se señaló que "se atenta" contra la unidad de Latinoamérica y el Caribe con posiciones que responden a "intereses extraterritoriales", con "claros actos de injerencia que vulneran el Derecho Internacional y la convivencia pacífica".[48]
  • Bandera de Brasil Brasil: Brasil expresó su desacuerdo con la sentencia que suspende "arbitrariamente" la inmunidad de los parlamentarios venezolanos y dijo que mantendrá su política de examinar la "preocupante situación" conjuntamente con todos los países de la región "interesados". "El pleno respeto al principio de la independencia de poderes es un elemento esencial para la democracia. Las decisiones del TSJ violan ese principio y alimentan la radicalización política", reza un comunicado del Gobierno de Michel Temer. [49]
  • Bandera de Canadá Canadá: la Oficina de Derechos Humanos, Libertades e Inclusión escribió un tuit donde decía: “Canadá está profundamente preocupada por la decisión en Venezuela del Tribunal Supremo de suspender los poderes legislativos de Asamblea Nacional elegida democráticamente”.[50]
  • Bandera de Chile Chile: la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, afirmó que "es muy preocupante" la crisis que se vive en Venezuela. E indicó, a través de Twitter, que se deben de "defender la convivencia democrática en nuestras sociedades". El gobierno de Bachelet llamó a consulta a embajador en Caracas. Más temprano, el canciller chileno, Heraldo Muñoz, dijo que lo que se busca es el "entendimiento" entre los propios venezolanos para que "resuelvan sus asuntos". Pero que "claramente" la decisión del Tribunal Supremo "va en la decisión opuesta". [cita requerida]
  • Bandera de Colombia Colombia: María Ángela Holguín, ministra de Relaciones Exteriores, señaló que su país rechaza "esta no división de los poderes" en Venezuela. "Es clarísimo que necesitamos unos poderes públicos fuertes, independientes, para poder fortalecer la democracia". "El Gobierno de Colombia reitera su convicción de que la separación de poderes y el apego irrestricto a las normas constitucionales son fundamentos imprescindibles para la plena vigencia de la democracia representativa", se indicó en un pronunciamiento.[51]
  • Bandera de Costa Rica Costa Rica: el canciller de Costa Rica, Manuel González, señaló a través de un comunicado, que su país "considera inadmisible" que el Tribunal Supremo, controlado por el chavismo, suspendiera los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional de Venezuela. "Costa Rica considera que estas decisiones son inadmisibles y decepcionantes, por ser contrarias a la esencia de la democracia y, aceleran el deterioro de la gobernabilidad democrática en ese país", se indica en el escrito.[52]​ Al día siguiente, el Asamblea Legislativa instó al Gobierno costarricense, a que retirara su representación diplomática en Venezuela. Asimismo, le solicitó a que se proceda a invocar la aplicación por parte de la OEA de la Carta Democrática para que se "adopten y se restituya el orden constitucional" en el país sudamericano.[53]
  • Bandera de Francia Francia: Francia acogió con "mucha preocupación" la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, pidiendo "a las autoridades" venezolanas que respeten la separación de poderes. "La democracia y el Estado de derecho implican la separación de poderes. Francia, como ha hecho la Unión Europea, pide a las autoridades venezolanas que garanticen su respeto", dijo en un comunicado el Ministerio francés de Exteriores.[54]
  • Bandera de Ecuador Ecuador: El Ejecutivo ecuatoriano alentó al diálogo en el país, a través de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), donde afirma que se evidencia una "profunda fractura entre el gobierno y la oposición y un impase entre poderes del Estado". También afirmó "el Gobierno del Ecuador rechaza cualquier intento de desestabilización en Venezuela promovido desde instancias internacionales", en referencia a las declaraciones del Secretario General de la OEA, Luis Almagro.[55]
  • Bandera de Estados Unidos Estados Unidos: Estados Unidos denunció que la "usurpación" del Poder Judicial es "una ruptura de las normas democráticas". Además, señaló que el dictamen "daña en gran medida las instituciones democráticas de Venezuela y niega al pueblo venezolano el derecho de moldear el futuro de su país a través de sus representantes elegidos". Por ello, el Departamento de Estado concluyó: "Lo consideramos un grave revés para la democracia en Venezuela".[56]
  • Bandera de Guatemala Guatemala: el Gobierno de Guatemala emitió un comunicado para reiterar su "convicción de preservar el Estado de Derecho" y el apego a las normas constitucionales. "El gobierno expresa su profunda preocupación", indicó el mensaje, en el que se realizó un llamado a sostener "un diálogo franco, sincero y participativo para la promoción de la concertación política que preserve la paz y las garantías constitucionales".[57]
  • Bandera de Guyana Guyana: "No consideramos que tenemos una opción, porque esto nos llevaría al fracaso. No queremos confrontación, sino participación, por lo tanto queremos un enfoque medido e incremental para lograr una solución diplomática", expreso el Gobierno guyanés por medio de Riyad Insanally, su representante en la OEA.[58]
  • Bandera de México México: el canciller mexicano, Luis Videgaray, aseguró que a su país le preocupa "de manera grave el deterioro del orden democrático en un país hermano" y subrayó que deben ser los venezolanos, en ejercicio pleno de su soberanía, "los que resuelvan los problemas". un comunicado, la Cancillería Mexicana señaló que la decisión del Tribunal Supremo venezolano "atenta contra los principios y valores esenciales de la democracia representativa y la separación de poderes".
  • Bandera de Panamá Panamá: la Cancillería, a través de un comunicado se pronunció diciendo: "Panamá hace un llamado al respeto del orden constitucional, el respeto a la separación de poderes y los principios de la democracia, y que se den las garantías para la celebración de elecciones democráticas".[59]
  • Bandera de Paraguay Paraguay: el ministro de Relaciones Exteriores paraguayo, Eladio Loizaga, dijo el 31 de marzo que en Venezuela se produjo “un rompimiento absoluto del Estado de Derecho” y que algunos países de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) trabajan para emitir un comunicado de condena.[60]
  • Bandera de Perú Perú: El Gobierno peruano anunció al día siguiente el retiro definitivo de su embajador en Venezuela e indicó que ya inició consultas con países de la OEA para que en el marco de la Carta Democrática Interamericana se adopten con la mayor urgencia las medidas que correspondan "ante la evidente ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela". El presidente, Pedro Pablo Kuczynski, dijo que es "inaceptable lo que ocurre en Venezuela", palabras que respaldó la principal líder del partido político Fuerza Popular, Keiko Fujimori .[61][62][63]
  • Bandera de Rusia Rusia: "Es muy importante que la lógica del diálogo se imponga sobre la lógica de la confrontación. Las fuerzas externas no deben echar más leña al fuego al conflicto interno de Venezuela con sus declaraciones y acciones", se leía en un comunicado que emitió el Ministerio de Asuntos Exteriores. La portavoz de ese ministerio, María Zajárova comentó que su Gobierno considera que se tiene que reiniciar la misión de mediadores internacionales, con figuras políticas o mediante representantes de la UNASUR. En ese sentido, indicó que Rusia cree en la inviolabilidad del principio de no intromisión en los asuntos internos de otros Estados.[64]
  • Bandera de Uruguay Uruguay: legisladores del Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente y Partido de la Gente manifestaron "reiteradas flagrantes violaciones de los principios de los compromisos internacionales de vigencia del estado de derecho y la democracia, respeto y protección de los DDHH" en Venezuela, reclamaron "la liberación de los presos políticos y el cese del hostigamiento y persecución a la ciudadanía y a la prensa", y pidieron al gobierno uruguayo que promueva la aplicación de la Cláusula Democrática de la OEA.[65]

Organizaciones internacionales[editar]

  • Comisión Interamericana de Derechos Humanos: la CIDH, como son sus siglas, condenó la "grave injerencia" del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela contra la Asamblea Nacional , tras asumir las facultades del Parlamento. "Estas nuevas decisiones constituyen una usurpación de las funciones del Poder Legislativo por parte de los Poderes Judicial y Ejecutivo, así como una anulación de facto del voto popular mediante el cual fueron elegidos los diputados de la Asamblea Nacional", afirmó la CIDH en un comunicado emitido desde su sede en Washington.[66]
  • Internacional Socialista: en una declaración titulada Caen los últimos vestigios de la democracia en Venezuela, el organismo declaró que la declaración del Tribunal Supremo fue "un golpe crítico a los últimos vestigios de la democracia" en Venezuela, indicando además que "la Internacional Socialista, dada la gravedad de lo que está ocurriendo en Venezuela, condena y denuncia con fuerza y convicción la decisión del Tribunal".[67]
  • Bandera de la Organización de los Estados Americanos Organización de los Estados Americanos: Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, denuncia el "auto-golpe de Estado" perpetrado por el "régimen" venezolano contra la Asamblea Nacional, último poder del Estado legitimado por el voto popular. "Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado", sentenció el secretario General. "Asumir la restauración de la democracia es tarea de todos. Hoy es hora de trabajar unidos en el hemisferio para recuperar la democracia en Venezuela, con cuyo pueblo todos tenemos deudas que nos obligan a actuar sin dilaciones. Callar ante una dictadura es la indignidad más baja en la política", es un extracto comunicado oficial en reacción a las sentencias.[68]
  • Bandera de las Naciones Unidas Organización de las Naciones Unidas: El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein instó en un comunicado oficial al TSJ que "reconsiderase" su decisión de suprimir los poderes del Poder Legislativo a fin de proteger la separación de poderes públicos para garantizar el derecho de los ciudadanos venezolanos a la representatividad de sus intereses en la participación de la toma de decisiones públicas.[69]
  • Mercado Común del Sur: Los Cancilleres de los cuatro países miembros fundadores del Mercosur celebraron una reunión de emergencia donde acordaron por medio de los preceptos establecidos en la Cláusula Democrática de la organización publicar una declaración conjunta en la que se exhortaba a garantizar la separación de poderes en Venezuela y en la que manifestaban que apoyarían la propuesta de activar la Carta Democrática Interamericana en la reunión de emergencia del Consejo permanente de la OEA convocada tras la divulgación de las sentencias controvertidas del TSJ.[70]
  • Bandera de la Unión de Naciones Suramericanas Unión de Naciones Suramericanas: 6 miembros del bloque suramericano - Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay - expresaron en un comunicado que "causa alarma la situación originada en Venezuela" tras la decisión de limitar las facultades de la Asamblea Nacional y restringir la inmunidad de sus miembros.[71]
  • Bandera de Unión Europea Unión Europea: la representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, advirtió en un comunicado que la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela "restringe la inmunidad parlamentaria de sus miembros, que fueron democráticamente elegidos por el pueblo". Y agrega, "la Unión Europea recuerda que el total respeto de la Constitución, los principios democráticos, el Estado de derecho y la separación de poderes es crucial para que el país logre un resultado pacífico de la actual difícil situación y recupere la estabilidad política".[72]

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. «Venezuela = “democratura” o régimen hibrido». Entorno Empresarial. 26 de agosto de 2013. Consultado el 1 de abril de 2017. 
  2. «The Economist: Califica a Venezuela de “régimen híbrido”». Diario la Nacion. 2 de febrero de 2017. Consultado el 1 de abril de 2017. 
  3. «El autoritarismo competitivo venezolano». El Universal. 9 de abril de 2014. Consultado el 1 de abril de 2017. 
  4. «Venezuela sigue en un “autoritarismo competitivo”, según académicos». Sumarium. 28 de julio de 2015. Consultado el 1 de abril de 2017. 
  5. «TSJ ordena a Maduro tomar “medidas necesarias” para evitar un estado de conmocion interna"». NTN24. 29 de marzo de 2017. Consultado el 1 de abril de 2017. 
  6. «Sentencia del TSJ busca evitar una conmoción nacional». Minci. 31 de marzo de 2017. Consultado el 1 de abril de 2017. 
  7. «TSJ de Venezuela reafirma constitucionalidad y estado de derecho». Telesur. 31 de marzo de 2016. Consultado el 1 de abril de 2017. 
  8. «"En Venezuela se ha consolidado definitivamente una dictadura judicial"». Entorno Inteligente. 30 de marzo de 2016. Consultado el 1 de abril de 2017. 
  9. «Asamblea Nacional denuncia que en Venezuela se dio un golpe de Estado». El Nacional. 30 de marzo de 2017. Consultado el 1 de abril de 2017. 
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  11. «Fiscal General Venezuelana denuncia ruptura del orden constitucional». Sumarium. 30 de marzo de 2017. Consultado el 1 de abril de 2017. 
  12. «Sentencia: 156». TSJ Decisiones. Consultado el 29 de marzo de 2017. 
  13. «TSJ atiende y aclara las sentencias 155 y 156». La Iguana. 1 de abril de 2017. Consultado el 1 de abril de 2017. 
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  15. «¿Ruptura en el chavismo? Fiscal general de Venezuela confirma autogolpe de Estado». PanAm Post. 31 de marzo de 2017. Consultado el 3 de abril de 2017. 
  16. País, Ediciones El (1 de abril de 2017). «La anulación del Parlamento abre fisuras en el chavismo». EL PAÍS. Consultado el 3 de abril de 2017. 
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  18. «El TSJ de Venezuela cede a presión internacional y regresa el poder legislativo a la Asamblea Nacional – Black Magazine». www.blackmagazine.mx. Consultado el 3 de abril de 2017. 
  19. «¿Puede el Consejo de Defensa Nacional resolver controversias entre poderes?; por José I. Hernández « Prodavinci». prodavinci.com. Consultado el 3 de abril de 2017. 
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