Discusión:Juan Francisco de León

Antecedentes

La tradición fue alterada en 1738 cuando una Real Cédula aumentó las prerrogativas del Gobernador. A partir de ella podía nombrar o cesar a los Tenientes de Justicia sin la aprobación de la Audiencia. Una prerrogativa cuyas consecuencias se vieron en 1741 en la rebelión de San Felipe a raíz del nombramiento para ese cargo de Basaba sal por el Gobernador Zuloaga, que levantó a diferentes sectores sociales de ella, encabezados por su elite rectora isleña con Bernardo Matos a la cabeza y con la activa colaboración de contrabandistas y pulperos de ese origen. La insurrección fue de tal gravedad en un conflicto bélico de tales proporciones y con la armada británica en la costa, que Zuloaga se vio obligado a pactar con la mediación del futuro Arcediano de Caracas, el palmero Bernardo Acosta Romero. Este vasco, que gobernó la provincia de Venezuela entre 1737 y 1747, fue un adalid de la Compañía Guipuzcoana. En 1739, cuando fue transferida a la jurisdicción del Virreinato de Nueva Granada, ejerció el privilegio de nombrar y cesar a los Tenientes debido a la distancia y la guerra con Inglaterra. La Corona, gracias a la influencia de la Compañía en el Consejo de Indias, lo reafirmó en 1742. Al año siguiente la colonia vivió un momento de extrema gravedad. Una escuadra británica al mando del almirante Charles Knowles sitió la Guaira y Puerto Cabello hostigando sus costas con promesas de liberar a los criollos de la empresa monopolista, lo que demuestra la animadversión reinante. El diario de la expedición no tiene desperdicio. Su misión era hacer saber a los habitantes del país que el inglés no venía a despojarlos de sus derechos, religión o libertades, sino que recibirían de nosotros una mayor seguridad y más felicidad que bajo la tiranía y crueldad de la Compañía Guía pesco (sic), de la que los veníamos a libertar. En virtud de estas órdenes, nosotros deberíamos tomar como botín cualquier cosa que en tierra o mar perteneciese a la mencionada Compañía1. El encono contra Zuloaga y la Guipuzcoana estaba presente en tales sucesos hasta el punto que años después León recordaría su huida de La Guaira y la defensa del puerto por los vecinos y patricios de la tierra al mando del jefe de la fortaleza Mateo Gual y de las milicias capitaneadas por los isleños Domingo Francisco Velázquez y José Hernández Sanabria. Por contra resultó el título de Excelentísimo a dicho Gabriel de Zuloaga, sin haberlo merecido2. Igual incuria se aprecia en la defensa de Puerto Cabello por las de Aragua, silenciada para proporcionarle todas las glorias y prorrogarle, como recoge Terrero, cinco años de gobierno y el grado de Teniente General, mientras que quienes estaban a su frente, los hermanos Gaspar y José Lorenzo de Córdoba, promotores en 1749 de la rebelión, se les prepara de aquí a breve tiempo, en una ignominiosa prisión, el premio y el honor que se merecían de tan celebrada victoria3. La enemistad entre vascos e isleños hace correr rumores sobre la dudosa fidelidad de éstos, como se desliza en un poema épico impreso en México en 1743 por el vasco Francisco de Echavarri y Ugarte, Oidor de su Audiencia, cuyo objetivo era exaltar las glorias de Zuloaga y Cantabria. En una de sus octavas reales se menciona un papel de Knowles dirigido a los isleños defensores de Puerto Cabello incitándoles a la rebelión contra la opresión vizcaína4.

Las Gobernaciones de Zuloaga y castellano trataron de restringir la migración canaria. El primero en 1740 llegó a plantear la obligatoriedad del permiso de la Casa de Contratación para su traslado, negando la validez del Juez de Indias de Canarias. Una causa que sostuvo al respecto con todo su empeño fue la del médico Carlos Alfonso Barrios, al que quería expulsar por carecer del primero de los permisos. Castellanos, un año antes de la rebelión, propuso al Consejo de Indias la prohibición total del embarque de familias isleñas y la limitación de su permiso exclusivamente a la Casa de Contratación. Para él los registros de esas Islas se debían ceñir a no consentir más gente que la precisa de la tripulación y que no permitáis que se embarquen, como acontece muchos vecinos de esas islas con varios pretextos muy frívolos y sin licencia del Tribunal de la Casa de Contratación. Entendía que era imposible restituirlos por los embarazos y dificultades que le surgen. Constata el hecho que apenas vuelve la tercera parte, porque los demás se esparcen en la misma provincia, en la cual, aunque algunos se aplican a cultivar las tierras, los más se emplean en comerciar ilícitamente, de tal suerte que raro es el comiso en el que no resulte reo algún isleño. Sin embargo, el Consejo de Indias se limitó a reiterar el cumplimiento de la ley al Juez de Indias de Canarias5.

Los elevados poderes depositados en los Gobernadores llegaron a convertirse en catalizadores de la rebelión de 1749. Los colonos sospechan que la Justicia Real estaba siendo subvertida para que los barcos de la Compañía llevasen cargas de cacao a precios sumamente bajos. Cuando en 1745 su degradación llegó a su punto culminante, Zuloaga creía que se estaba originando una conspiración para provocar la expulsión de esa empresa inspirada por el Conde de San Javier aliado con los isleños. No es nuestra intención abordar en toda su profundidad la rebelión que ya ha sido estudiada con exhaustividad por otros autores6; nuestro objetivo es traslucir las consecuencias que para la migración se derivaron de su trasfondo socio-político. En primer lugar conviene señalar que los motivos de la marcha sobre Caracas tienen pocas vinculaciones con las protestas de las elites criollas. Se precipitó por la decisión del Gobernador Castellanos de enviar como Teniente Justicia Mayor de Panaquire y Caucagua en Barlovento, a requerimientos del Factor de la Compañía, de un empleado de ésta, Martín de Echevarría, deponiendo al herreño Juan Francisco de León. Era el punto culminante de una ofensiva contra la expansión isleña en la región. No aceptan estar bajo las órdenes de un teniente ni unos soldados vizcaínos. Debemos de tener en cuenta que los plantadores de primera generación vivían del comercio ilegal por los bajos precios de la Compañía, especialmente desde que el Gobernador Lardizábal, en aquel momento miembro del Consejo de Indias, ordenase en 1735 la prohibición de transportarlo desde Barlovento por mar a La Guaira, lo que suponía unos costes considerables por tierra y la imposibilidad de efectuarlo en la estación lluviosa.

En 1749 cuatro barcos de la Compañía llegaron a España con más de 22.000 fanegas de cacao. Buena parte de él se hallaba ya almacenado en La Guaira cuando los problemas arreciaron. Era una situación que La Corona no podía permitir, máxime después de que recibieran informes de un agente real en Holanda que probaban la evidencia de que el contrabando entre Caracas y Curaçao había crecido espectacularmente y superado a la Guipuzcoana como principal importador. La simple lectura de las cifras nos permite apreciar esa profunda inversión7: