Anexo:Casos de corrupción política en Colombia entre 2000-2009

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Artículo principal: Anexo:Casos de corrupción política en Colombia por año

Este artículo contiene una lista extensiva y detalles de los casos de corrupción entre los años 2000 y 2009. Para ver solo los principales casos de corrupción, ver Anexo:Casos de corrupción política en Colombia por año. Casos designados con un asterisco están incluidos en la lista principal. La lista se irá expandiendo a medida que se desarrollen nuevos casos.

2009[editar]

  • Escándalo de Agro Ingreso Seguro. Estalló por irregularidades en el diseño e implementación del programa que debía ser destinado a familias campesinas de escasos recursos, el cual terminó asignando subsidios rurales por más de $200.000 millones de pesos colombianos (unos $77 millones de dólares, a la tasa de 2009) a narcotraficantes[1]​ y prestantes familias del Magdalena y del Valle del Cauca, entre ellas la exseñorita Colombia Valerie Domínguez, su entonces novio, cuñada y suegros.[2]​ Por este caso, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia el exministro de Agricultura Andres Felipe Arias, hallándolo culpable de los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado a favor de terceros,[3]​[4]​[5]​ por lo cual fue condenado a 17 años y 4 meses de prisión.[6]​[7]​[8]​ Después de haberle sido concedida casa por cárcel, el exministro Arias escapó a Estados Unidos, siendo capturado por la Policía migratoria de ese país y dejado en libertad bajo fianza pero con vigilancia judicial, mientras se estudia la viabilidad o no de su extradición a Colombia.[9]​[10]​[11]​
  • Escándalo de las chuzadas. El 21 de febrero de 2009, la revista Semana publicó un informe en el que se detallaba cómo funcionarios del DAS (antigua agencia de inteligencia del Estado colombiano) grababan de manera ilegal conversaciones telefónicas a líderes de oposición, magistrados, periodistas y funcionarios del Estado.[12]​ Una vez presentadas las pruebas por la Fiscalía, la situación fue calificada de una «empresa criminal» dirigida por Álvaro Uribe Vélez desde la Casa de Nariño, por parte de representantes de la Corte Suprema de Justicia.[13]​ Por este caso, fueron capturados importantes funcionarios del gobierno de Uribe, entre otros, la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado. Este escándalo fue determinante para que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, decretara en 2011 la desaparición del DAS.

2008[editar]

  • Condena a exgobernador de Santander. En febrero, fue capturado por la Fiscalía General de la Nación en Bogotá el exgobernador del departamento de Santander, Mario Camacho Prada, condenado por la Corte Suprema de Justicia a 7 años y 6 meses de prisión por los delitos de peculado por aplicación oficial diferente, celebración indebida de contratos y prevaricato por acción. La investigación comenzó después de la denuncia que instauró en la Fiscalía Óscar Poveda Velandia, exfuncionario de la Gobernación de Santander, que llevó a cabo el 2 de octubre de 1998. Poveda denunció que en la compra del Hotel Bella Isla del municipio de San Gil, por parte del departamento, hubo irregularidades: No contaba con disponibilidad presupuestal el departamento para una inversión de esta naturaleza, no estaba previsto en el presupuesto aprobado para 1995 ni era parte del programa de gobierno de Camacho Prada para el departamento. Poveda denunció que Camacho Prada dispuso de recursos departamentales por $1.404 millones de pesos (USD$713.777 a la tasa de 2008) para la compra del hotel y después lo adicionó al presupuesto, sin contar con la autorización del entonces contralor departamental para pedir un crédito adicional; y en octubre de 1995 negoció con el Banco de Occidente un crédito para la Tesorería departamental por la suma de $700 millones de pesos (USD$355.871 dólares en 2008), dinero que giró directamente a Inversiones Bella Isla, como pago del primer anticipo en la compra del hotel.[14]​ En 2001, Camacho Prada había sido condenado a 52 meses de prisión por violar el régimen de inhabilidad, al comprobarse que respaldó un contrato departamental para una empresa propiedad de familiares de su secretaría privada.[15]​
  • La Yidispolítica. La Corte Suprema de Justicia determinó que la representante a la Cámara Yidis Medina dio su voto a cambio de prebendas a su ciudad de origen, Barrancabermeja, para aprobar el proyecto de reforma constitucional que permitiría a Álvaro Uribe y a futuros presidentes, aspirar a un segundo mandato de manera inmediata. Yidis Medina fue sentenciada a 47 meses de detención domiciliaria por el delito de cohecho.[16]​ Además de la congresista, fueron condenados por este caso altos funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe (los exministros Sabas Pretelt de la Vega, Diego Palacio y el exsecretario de la Presidencia Alberto Velásquez).[17]​ Por este caso, también fueron condenados los congresistas Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Mateus.[18]​
  • La Farcpolítica. En el marco de la Operación Fénix, que terminó con la muerte del miembro del Secretariado de las FARC, alias Raúl Reyes, en el mismo lugar donde fue abatido se hallaron computadores portátiles que pertenecían al líder guerrillero, donde existía supuesta información que involucraba líderes políticos nacionales e internacionales con el grupo subversivo, entre estos líderes se encontraba supuestamente la entonces senadora Piedad Córdoba con el seudónimo de «Teodora de Bolívar»,[19]​ y el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, con el seudónimo de «Ángel». El investigador del grupo antiterrorista de la DIJIN, Ronald Hayden Coy Ortiz, aceptó ante un juez especializado y en audiencia pública que se rompió la cadena de custodia en los computadores de Raúl Reyes; es decir, en un determinado tiempo, los computadores estuvieron expuestos a posibles manipulaciones.[20]​ Esto hace que cualquier información que se quiera tomar de los computadores no se pueda tomar como evidencia para un caso judicial, ya que no existen las certificaciones necesarias de la cadena de custodia, las cuales certifiquen que no se produjeron manipulaciones a los equipos incautados.[21]​ Sin embargo, este material fue suficiente para que el entonces jefe de la Procuraduría General de la Nación, Alejandro Ordóñez, destituyera e inhabilitara de ejercer cárgos públicos a la senadora Córdoba por 18 años, fallo anulado en 2016 por el Consejo de Estado.[22]​
  • Escándalo de los falsos positivos. Estalló a raíz de unas revelaciones hechas sobre el involucramiento de miembros del Ejército de Colombia en el asesinato de civiles inocentes haciéndolos pasar como guerrilleros muertos en combate, en el marco de la lucha contra grupos armados irregulares promovida por el presidente Álvaro Uribe y conocida como Política de Seguridad Democrática (PSD). Estos asesinatos tenían como objetivo presentar resultados al gobierno por parte de las brigadas de combate.[23]​ A estos casos se les conoce en el Derecho Internacional Humanitario como ejecuciones extrajudiciales y en el Derecho Penal Colombiano como Homicidio en Persona Protegida.[24]​ Por dicha denuncia han sido destituidos e investigados disciplinaria y penalmente muchos oficiales y suboficiales del Ejército.[25]​ Por este escándalo, el Comandante del Ejército, General Mario Montoya, pidió la baja del servicio activo y renunció a su cargo; ya como civil, fue nombrado por el entonces presidente Uribe Embajador en República Dominicana.[26]​[27]​ Dichas revelaciones han puesto en tela de juicio, según los críticos del expresidente Uribe, algunos procedimientos de la PSD emprendida desde el gobierno nacional.[28]​ La Fiscalía General de la Nación tenía bajo investigación 946 casos relacionados con posibles "falsos positivos" y la Procuraduría 1043.[23]​ Para abril de 2015, la Fiscalía adelantaba 3.430 investigaciones por estos hechos. Sin embargo a pesar de todo el escándalo provocado, en febrero de 2010 por lo menos 40 de los militares involucrados en estos homicidios habían sido liberados por vencimientos de términos.[29]​[30]​ En abril de 2017, un juez de Cundinamarca condenó a 21 militares que estaban involucrados en la desaparición y muerte de 5 jóvenes de Soacha, entre ellos un coronel retirado que fue condenado a 46 años de prisión; a los demás militares, sus condenas oscilaron entre los 37 y 52 años de cárcel. El mismo juez declaró estos crímenes relacionados con los falsos positivos como delitos de lesa humanidad, al encontrar que fue un ataque generalizado y sistemático en contra de la población civil, población que además era vulnerable y que de alguna manera era considerada de poca importancia para los victimarios.[31]​
  • Crisis de las pirámides en Colombia. En esta ocasión el estado tuvo que intervenir drásticamente, declarando el estado de emergencia social en el país, debido a una serie de acontecimientos ocurridos a raíz de la quiebra de varias empresas que, bajo diferentes figuras, ofrecían grandes retornos de inversión a sus clientes y que han sido acusadas por las autoridades colombianas de actividades ilegales como esquemas piramidales, captación masiva e ilegal de dinero y lavado de activos (las más importantes y protagonistas de este escándalo; Proyecciones D.R.F.E. y D.M.G. Grupo Holding S.A.). La sospecha de inversiones en pirámide ha hecho que los medios de comunicación se refieran originalmente a todas estas empresas como Pirámides, aunque se sospecha que algunas de ellas escondían otro tipo de delitos como lavado de dinero, producto de otras actividades ilegales como el narcotráfico.[32]​[33]​[34]​ Estas empresas no solo lograron afectar la economía de varios departamentos como Putumayo, Nariño, Cauca, Valle, Cundinamarca, Antioquia y las regiones del Tolima Grande, el Eje Cafetero y la Costa Caribe,[35]​ sino que a su vez logró afectar la economía del país. Se estima que el dinero invertido por los afectados en estas empresas oscila en los $2.16 billones de pesos (más de USD$900 millones a la tasa de 2008).[36]​[37]​[38]​[39]​
  • La DMGpolítica. Suscitada a raíz de la intervención, por parte del Estado, de la empresa de esquema piramidal D.M.G. Grupo Holding S.A., luego de la crisis económica, social y de orden público generada por esta clase de empresas en Colombia.[40]​ La W, emisora radial del país, dio a conocer unas grabaciones en las que David Murcia Guzmán, gerente de D.M.G., conversa con su cuñado William Suárez (ambos capturados por la justicia), dejando en evidencia la presunta entrega de $400 millones de pesos (USD$ 167.000 a la tasa monetaria de 2008) como contribución a la campaña política del excandidato a la gobernación de Boyacá y luego Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Pedro Alonso Sanabria Buitrago (a quien nunca se le abrió investigación por estos hechos).[41]​ En dicha grabación, Murcia Guzmán manifestó haber apoyado a 10 políticos ganadores en las elecciones de 2007.[41]​ Asimismo, la Fiscalía advirtió que también existirían nexos entre D.M.G. y algunos congresistas para favorecer, mediante leyes, intereses comerciales de la compañía.[41]​ El entonces procurador general de la Nación, Edgardo Maya, anunció investigación disciplinaria contra gobernadores, diputados y alcaldes que estuvieran vinculados a este escándalo y anuncio también que le pedirá al Consejo Nacional Electoral los resultados financieros de los campañas para gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos, con el propósito de establecer si estas campañas recibieron dineros de D.M.G.[42]​[43]​ De estas investigaciones, sólo una dio frutos al destituir e inhabilitar para ejercer cargos públicos al expersonero de Bogotá; Francisco Rojas Birry, además de ser enviado a prisión por 8 años.[44]​ De igual manera, la Fiscalía abrió investigación contra los entonces gobernadores de Bolívar, Joaco Berrío, y Magdalena, Omar Díazgranados, por sus presuntos vínculos con D.M.G.[45]​

2007[editar]

  • Escándalo de Commsa. Pleito iniciado por el estado en los años 1990 con la firma colombo-española Commsa (que tiene entre sus accionistas a Florentino Pérez, Presidente del Real Madrid), debido a la no construcción de una carretera clave para el país (la Troncal del Magdalena), del cual Commsa ofreció pagar una indemnización de $119 mil 987 millones de pesos (más de USD$ 53 millones de dólares en ese año) para acabar el pleito, por lo cual los organismos de control del estado denunciaban que este podría perder dinero, y en consecuencia haber detrimento patrimonial, si se aceptaba este pago de la firma constructora.[46]​ Al final, se concretó el acuerdo y las investigaciones por el supuesto detrimento patrimonial se archivaron.[47]​

2006[editar]

  • Destitución del Alcalde de Cali. En diciembre, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó de ejercer cargos públicos por 16 años al alcalde en ejercicio de la ciudad de Cali, Apolinar Salcedo, por irregularidades en la celebración de un contrato que entregó a particulares el recaudo de los impuestos de la capital del Valle del Cauca. El ente de control confirmó que el contrato se firmó por fuera de los tiempos autorizados, que el contratista no ofrecía las suficientes garantías y que el Alcalde desconoció abiertamente los principios de transparencia y objetividad. No obstante, el Concejo de la ciudad, la División de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, la Procuraduría Regional y las veedurías ciudadanas le habían advertido de la inconveniencia de realizar este contrato; aun así, el alcalde lo firmó el año anterior. Por este hecho, su Secretaria de Hacienda, María del Rosario Peña, también fue destituida e inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos.[48]​ En 2013, el exalcalde Salcedo demandó a la Procuraduría ante el Consejo de Estado para retirar la sanción interpuesta por el ente de control, reclamando además los sueldos que dejó de devengar.[49]​
  • La Parapolítica. Escándalo de corrupción política en el que se descubrieron vínculos de políticos con paramilitares posterior al proceso de desmovilización que adelantaron las Autodefensas Unidas de Colombia, mediante un documento firmado por los implicados y conocido por la opinión pública como el Pacto de Ralito. Se descubrió, entre otras cosas, que el exdirector del DAS, Jorge Noguera, habría puesto el organismo de seguridad a disposición del paramilitar Jorge 40; por este hecho, fue privado de la libertad y condenado por concierto para delinquir y homicidio agravado.[50]​ Adicionalmente, por este hecho han sido condenados más de 50 congresistas, entre senadores y representantes a la cámara, del periodo de Álvaro Uribe;[51]​ además de funcionarios del gobierno, departamentales y municipales.
  • Desfalcos a Cajanal. Los abogados Armando Cabrera Polanco y Jeiner Guilombo Gutiérrez, mediante tutelas y otros documentos irregulares, utilizaban a particulares para que cobraran pensiones de la liquidada entidad estatal Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal), tramitando además de manera irregular ante la justicia estas pensiones de gracia para supuestos docentes que no lo eran realmente, apropiándose de más de $50 mil millones de pesos, sin contar el dinero que salió de las arcas de Cajanal para el pago de dichas mesadas durante varios años (en total el desfalco podría sumar unos $600.000 millones de pesos colombianos, más de USD$ 220 millones en 2006). Los beneficiarios recibían el 50% del pago y los penalistas guardaban el resto del dinero en cajas fuertes. Aunque las investigaciones comenzaron en 2006, los 2 implicados fueron condenados en 2013 por el Tribunal Superior de Bogotá a 8 años y 6 meses de prisión a Cabrera Polanco y a 7 años y 6 meses a Guilombo Gutiérrez, además del pago de una multa a los dos de $269 mil 622 millones de pesos (más de USD$ 102 millones a la tasa de 2006).[52]​ Uno de los implicados, Armando Cabrera, ya había sido condenado por hechos similares a la misma entidad en 1989, esta vez junto a su hermano Omar Cabrera Polanco, quienes a través de falsificaciones de fallos judiciales y con la complicidad de algunos jueces, lograron desfalcar en más de $5.000 millones de pesos a la desaparecida Cajanal (más de USD$ 11 millones de la época), a través de cobros ilegítimos de acreencias laborales.[53]​[54]​ Este escándalo incluso logró salpicar al entonces senador Hernán Andrade, por lo que la Corte Suprema de Justicia lo investigó en 2008,[55]​ absolviéndolo en 2014 por falta de pruebas.[56]​ En 2016 se abrió investigación por parte de la Fiscalía contra otro abogado que participó en otro desfalco a Cajanal en Cartagena de Indias, Manlio Aristio Barrios Buelvas, por la presunta comisión de los delitos de prevaricato por acción, peculado por apropiación en calidad de interviniente y fraude procesal en calidad de autor, como supuesto responsable de un desfalco a Cajanal por cerca $9 mil millones de pesos en 2006 (USD$ 3.679.000 de ese año). Según el ente acusador, Barrios Buelvas presentó ante el Juzgado 7 Laboral del Circuito de Cartagena una acción de tutela por la que fueron favorecidos 21 docentes del orden nacional que él representaba; estos docentes les fue otorgada una pensión de gracia por parte de Cajanal a la que; por ley, solo tienen derecho profesores que dependen salarialmente de gobernaciones y alcaldías. Según la Fiscalía, aunque el fraude a Cajanal fue de $9 mil millones de pesos, la cifra ha aumentado con el pasar de los años y se calcula que se incrementó a 2016 en alrededor de 40 mil millones de pesos (más de USD$ 13.700.000 a diciembre de 2016).[57]​

2004[editar]

  • Escándalo de Invercolsa. Estalló durante el período de Fernando Londoño como Ministro del Interior y de Justicia, en el período presidencial de Álvaro Uribe. La Superintendencia de Sociedades le impuso una sanción a Londoño por adquirir de manera indebida 145 millones de acciones de la firma Invercolsa por un monto de $9.000 millones de pesos en mayo de 1997 (casi USD$7 millones de dólares en ese año), obligándolo a presentar su renuncia al cargo de ministro en 2004.[58]​ Invercolsa era una empresa de la petrolera estatal Ecopetrol que manejaba inversiones en campos petroleros. En febrero de 2007, una sentencia judicial ordenó a Londoño restituir las acciones de Invercolsa adquiridas, al ratificar que el exministro presentó una certificación falsa que lo acreditaba como propietario de esas acciones. El Juzgado determinó que Fernando Londoño Hoyos no adquirió ni fue poseedor de buena fe de los 145 millones de acciones de Invercolsa S.A. y ordenó que, en término de 5 días, el exministro Londoño debía restituir a Ecopetrol los dividendos recibidos de Invercolsa por cada uno de los períodos en que los percibió.[59]​ Decisión que fue inmediatamente apelada por el exministro y en 2005, una sala de conjueces del Consejo de Estado dejó sin efecto la sentencia, ante lo cual Ecopetrol y la Procuraduría siguieron insistiendo. Finalmente, la Corte Constitucional les dio la razón a ambas entidades, aunque al día de hoy (2016) las acciones no han sido devueltas.[60]​

Véase también[editar]

Referencias[editar]

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