Anexo:Casos de corrupción política en Colombia entre 2010-2019

Este artículo contiene una lista extensiva y detalles de los casos de corrupción entre los años 2010 y 2019. Para ver solo los principales casos de corrupción, ver Anexo:Casos de corrupción política en Colombia por año. Casos designados con un asterisco están incluidos en la lista principal. La lista se irá expandiendo a medida que se desarrollen nuevos casos.

2019

• Escándalo en la Universidad Distrital de Bogotá.*
  • Dos directivos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Wilman Muñoz y Patricia Gamboa, son acusados de desviar recursos de la universidad pública, provenientes de convenios con otras entidades entre 2015 y 2019, para beneficios personales por un valor de $11.000 millones de pesos (más de $3.3 millones de dólares). La Fiscalía les imputó los cargos de peculado por apropiación, falsedad en documento y concierto para delinquir. Muñoz se allanó a los dos primeros pero no al tercero, mientras que Gamboa no aceptó los cargos imputados. Al conocerse los hechos de la U.Distrital por parte de la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación condenó e inhabilitó por 20 años sin ejercer cargos públicos a Wilman Muñoz calificando su falta cono gravísima a título de dolo.​​
  • El ente acusador descubrió en las indagaciones que los capturados, Wilman Muñoz y Patricia Gamboa, exdirector y extesorera del Instituto de Extensión de la Universidad Distrital, respectivamente, conformaron una empresa criminal en la universidad para desviar recursos que utilizaron para comprar, desde autos de alta gama hasta viajes al exterior, utilizando una cuenta abierta por la universidad en el Banco de Occidente y de la cual ningún ente de control dentro de la universidad tenía conocimiento ni se le hacía el respectivo seguimiento ya que solo los dos implicados estaban autorizados para manejar los recursos que eran girados en esta cuenta, utilizando modalidades como transferencias personales justificándolos como gastos administrativos sin serlo realmente. Otra modalidad descubierta fue el uso de una tarjeta de crédito con la cuenta del banco y que era utilizada por Wilman Muñoz para gastos de su residencia como Netflix, almuerzos en lujoso restaurantes y compra de ropa de marca. Del dinero manejado con la tarjeta también se habría beneficiado Patricia Gamboa dado que, dentro de los registros, se encontró un viaje que ella hizo con su pareja a Madrid, España.
• Escándalo de corrupción de la Cuarta Brigada del Ejército.*
  • Entramado de corrupción en la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Medellín, involucrando altos oficiales y contratistas de la institución, con hechos irregulares desde el desvío de dinero destinado al funcionamiento de la unidad hasta la venta de permisos para porte de armas, los cuales terminaron en manos de miembros peligrosos de grupos criminales como la Oficina de Envigado. El 9 de julio, el Ministro de Defensa, Guillermo Botero, anunció el retiro del general Jorge Horacio Romero Pinzón, quien comandó esa unidad entre 2016 y 2017, al igual que 5 generales más por otros ilícitos. También se realizó la captura de 9 miembros activos y retirados del Ejército (casi todos oficiales de alto rango) por los delitos de concierto para delinquir, celebración indebida de contratos, falsedad ideológica de documento público y cohecho por dar u ofrecer.​​
  • La Revista Semana había revelado, en un reportaje hecho un año atrás, que sobre la Cuarta Brigada pesaban denuncias de irregularidades en el manejo de los recursos y de favorecimientos y desvíos en la contratación, dando pie a investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría. Tal sería la presión en el interior de la institución por el reportaje de la revista que, según lo revelaron miembros de contrainteligencia del Ejército llamados a indagatoria, uno de los generales involucrados ofreció $100 millones de pesos y/o seis meses de permiso a quien revele a los altos mandos la identidad de quien esta filtrando la información a la prensa sin justificar de donde saldría ese dinero, comenzando así una cacería de brujas en el interior de la institución que incluían pruebas de polígrafo al azar, vulnerando derechos fundamentales de los militares y personal civil del Ejército.​​
• Escándalo de corrupción de la DIAN.*
  • Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de Cali envió a la cárcel a Omar Ambuila, funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN capturado por hacer parte de un esquema de corrupción al interior de la entidad gubernamental que permitía el ingreso sin control de contrabando al país, entre otras irregularidades, a través del puerto de Buenaventura. Dentro de la investigación de la Fiscalía se hallaron vehículos deportivos de gama alta, millonarias transacciones en dólares a Estados Unidos, compra de costosos accesorios, viajes y fiestas que hacían parte de las múltiples actividades que realizaba la familia de Omar Ambuila, por lo cual su esposa y su hija también fueron detenidas en el marco de la investigación.​
• Captura de Fiscal de la JEP.*
  • En marzo fue capturado en flagrancia Carlos Bermeo, funcionario de la Fiscalía General de la Nación, fiscal de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, quien recibiera ded exsenador Luis Alberto Gil un sobre con $500.000 dólares (unos $1.627 millones de pesos colombianos) para incidir en la extradición a Estados Unidos del exguerrillero de las FARC, alias Jesús Santrich, quien se habría reunido presuntamente con carteles mexicanos para conspirar en el envío de cocaína al exterior, acto ilícito que habría ocurrido aparentemente luego de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC el 1 de diciembre de 2017, lo que lo excluiría de la JEP para ser juzgado por la justicia ordinaria. Por estos hechos también fue capturado el exsenador Gil y 4 personas más que hacían parte del tribunal especial, además de ser detenido por más de 1 año en la cárcel alias Jesús Santrich. Como nunca se pudo comprobar si el delito cometido por Santrich fue cometido antes o después de la firma de los Acuerdos de La Habana, la Jurisdicción Especial de Paz ordenó la liberación de alias Jesús Santrich y ordenó su no extradición al país norteamericano, provocando la renuncia del entonces fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez.​​​
  • Debido a este escándalo, junto a otras presuntas irregularidades ocurridas en el alto tribunal, se han escuchado voces desde el Congreso de Colombia para disolver esta corte.

Otros 2019

• Escándalo en la Personería de Tabio. La emisora colombiana La FM publicó una denuncia sobre la presencia de publicidad política de tres candidatos para las elecciones regionales en Cundinamarca que se encontraban en el despacho del personero del municipio de Tabio. Los candidatos eran Hugo Aguilar, candidato al concejo del municipio de Paime, Luis Aroldo Ulloa, actual presidente de la Asamblea Departamental de Cundinamarca, y Nicolás García, candidato a la Gobernación y ficha del actual gobernador, Jorge Rey. Todos estos candidatos cuentan con el aval de Cambio Radical. David Alexander Piracoca es el personero municipal de Tabio. Sus funciones constitucionales tienen que ver con la garantía de los Derechos Humanos y el control disciplinario, entre otras cosas, a los funcionarios que participen indebidamente en política. Cuando se le preguntó por qué guardaba publicidad de políticos en el despacho público de la Personería contestó que ese día no se encontraba allí. No aclaró sus nexos con los candidatos.​​

2018

• Escándalo de las Chuzadas.*
  • En agosto, la Fiscalía General destapó un nuevo escándalo de "chuzadas" o interceptaciones ilegales desde dos empresas de seguridad fachadas establecidas en Cali, con centro de operaciones en Ipiales (Nariño), donde se habría recopilado información de inteligencia sobre movimientos, ubicación y operaciones de objetivos militares, políticos y sus familiares, además de personalidades nacionales e internacionales. Las empresas de seguridad fachada eran propiedad de tres oficiales de alto rango retirados de la Fuerza Pública de Colombia (dos coroneles del Ejército y un general de la Policía), quienes vendían los servicios ilegales al mejor postor. Los clientes de esta red criminal, 167 aproximadamente, pagaban entre $3 y 4 millones de pesos (entre $1.000 y 1.300 dólares) por intervenir IMEI´s, mensajes de whatsapp y cuentas de Facebook de sus víctimas, además de realizarles seguimiento a sus direcciones IP. Entre los clientes de estas empresas estaría el senador Armando Benedetti, quien habría solicitado hacerle seguimiento al fiscal general Néstor Humberto Martínez y a su esposa; así mismo, solicitó "chuzar" a tres prestigiosos abogados del país, acusaciones negadas por Benedetti, quien solicitó a la Corte Suprema de Justicia, como juez natural de los congresistas colombianos, investigarlo sobre su participación en el escándalo. La Fiscalía capturó a los tres propietarios de las empresas de seguridad, además de un mayor retirado del ejército y varios civiles; entre ellos, una exfuncionaria del MinTIC. Otros clientes de esta red criminal serían PepsiCo, Sevientrega y Avianca; además, se cree que habrían vendido información de inteligencia a Grupos Armados Organizados (GAO) como el Clan del Golfo y el Frente Oliver Sinisterra de alias Guacho.​​​​
• Escándalo en la Federación Colombiana de Fútbol.*
  • En 2017, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación contra la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), las empresas de venta de boletería por internet Ticketshop y Tu TicketYa.com, y contra algunos empresarios deportivos, por presunta reventa ilegal y masiva de más de 42,000 entradas para los partidos locales de la Selección Colombia, durante las eliminatorias para el mundial Rusia 2018. Luego de casi un año de investigaciones, la SIC anunció pliego de cargos contra la FCF, Ticketshop y Tu TicketYa.com, y otras personas. Según la superintendencia, las empresas y personas implicadas planearon y diseñaron, junto a la Federación, una “estrategia” para desviar entradas de los partidos locales de la selección colombiana y revenderlas a precios superiores. La SIC estima que se desviaron un total de 42.221 boletas por un valor nominal de $8.700 millones de pesos (unos $3 millones de dólares); en un escenario conservador de reventa, esas boletas hubiesen podido generar ingresos por $21.800 millones de pesos (más de $7.5 millones de dólares), con utilidades para los implicados por más de $13.000 millones (unos $4.5 millones de dólares). Entre los investigados se encuentran Ramón Jesurún, el expresidente Luis Bedoya (detenido en Estados Unidos por el caso Fifagate), el expresidente de la Dimayor, Jorge Perdomo, y el presidente de la Difútbol, Álvaro González Alzate. En agosto, la SIC sancionó a Ticketshop con una multa de $740 millones de pesos (unos $246.000 dólares) por desviar para reventa 6.000 entradas del partido entre Colombia y Brasil, disputado el 5 de septiembre de 2017.​
• Escándalo de Fonade o de la "Mermelada Tóxica".*
  • El 19 de julio, la Fiscalía General capturó a 7 personas, entre funcionarios y contratistas de Fonade, imputándoles delitos de interés indebido en celebración de contratos, cohecho propio y concierto para delinquir, a raíz del hallazgo de un contrato de interventoría por más de $16.000 millones de pesos (más de $5 millones de dólares) de esta entidad. El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) es una entidad del gobierno colombiano, creada para financiar proyectos de desarrollo en los departamentos de país con un presupuesto anual de $2.2 billones de pesos (más de $7.500 millones de dólares). El contrato que originó el escándalo tenía como objeto supervisar la construcción de Vivienda de Interés Social (VIS) en los departamentos de Boyacá, Tolima, Santander, Norte de Santander, Caldas, Antioquia, Quindío y Huila, adjudicado este al Consorcio Interviviendas con intervención directa de los entonces congresistas Musa Besayle (detenido por parapolítica y por el caso del Cartel de la toga) y Eduardo Tous de la Ossa (detenido por el Caso Odebrecht). A cambio de adjudicarles este contrato, el consorcio debía desembolsar un 25% del valor del contrato a los senadores y un 10% para un sujeto, aún sin identificar, al cual le llamaban "Torre Negra" (presumiblemente, un alto cargo directivo de la entidad estatal ya que ese 10%, según la Fiscalía, iba a ser repartido entre funcionarios de la entidad partícipes de la adjudicación). Según interceptaciones telefónicas hechas por la Fiscalía, el consorcio habría falsificado los documentos que certificaban su idoneidad para adjudicarse el contrato; también habría pagado $200 millones de pesos (unos $69.000 dólares) a uno de sus competidores para que presentara una propuesta inviable. Los detenidos aceptaron los cargos que les imputaron; aun así, podrían enfrentar una condena de 14 años de prisión.​​
• Escándalo de las elecciones legislativas de 2018.*
  • En junio, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez da a conocer en rueda de prensa pruebas sobre delitos electorales ocurridos en las elecciones del Congreso de 2018, anunciando que pide a la Corte Suprema de Justicia abrir investigación contra los congresistas electos Fabián Castillo, Senador de la República, y Margarita Restrepo, Representante a la Cámara. También anuncia la decisión de compulsar copias de la investigación a la Corte contra la senadora electa Aída Merlano, detenida en Barranquilla el día de las elecciones luego de ser allanada su sede política​, incautando vídeos donde se observa a la electa senadora repartiendo dinero a líderes que luego pagaban a electores por su voto a favor de ella, como si se tratara de mercancía. Sus dos fuentes de financiación para este fin: una del sector público, a través de contratistas del Concejo de Barranquilla, y otra del sector privado, cobrando cheques de particulares que, sumados, excedían el valor límite establecido por ley para las campañas políticas. Esta empresa criminal operó desde las elecciones regionales y locales del 2015 y, en las del 2018, para el Congreso de la República.​ También involucró a Lilibeth Llinás, candidata a la Cámara de Representantes por el departamento del Atlántico, quien no alcanzó a ser elegida; aun así, la Fiscalía le imputará cargos por delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante, al igual que a dos diputados del Atlántico, dos concejales y dos exconcejales de Barranquilla. En los casos de Fabián Castillo y Margarita Restrepo, las actuaciones son similares a las de Aída Merlano, pero en Antioquia en Medellín y Caucasia donde, en esta última, hasta el subdirector del SENA de este municipio está salpicado. El fiscal Martínez mencionó, además, que un contratista del Distrito de Bogotá amenazó a trabajadores de jardines infantiles en la capital con no renovar sus contratos si no votaban a por Diego Caro a la Cámara de Representantes por y María Fernanda Cabal al Senado, ambos del Centro Democrático, por lo que se imputará a esta persona los delitos de constreñimiento o amenaza y corrupción al sufragante.​
• Caso Hyundai en Colombia.*
  • En 2015, la compañía automotriz Hyundai Motor Company, de Corea del Sur, le anunció a su representante en Colombia, Hyundai Colombia Automotriz, empresa presidida por Carlos Mattos, que no renovarían con ellos el contrato de representación de su marca en el país luego de 25 años de trabajo ininterrumpido, entregando la representación de su marca a la empresa Neocorp, del grupo ecuatoriano Eljuri. Mattos demandó en febrero de 2016 a Neocorp por más de $770 mil millones de pesos (unos $224 millones de dólares en 2016) argumentando competencia desleal, inducción a ruptura de contrato y uso indebido de la marca Hyundai en Colombia. En abril de ese año, el juez Reinaldo Huertas estableció que Mattos era el único autorizado en Colombia para hacer negocios con Hyundai Motor Company hasta que se resolviera la demanda. Como consecuencia, más de 20 mil automóviles Hyundai se dejaron de comercializar porque Neocorp no podía hacerlo, solo se vendían los carros que estaban en el inventario de los concesionarios de Mattos. En noviembre de 2016, Mattos y Neocorp firmaron un acuerdo en el que se estableció que Neocorp sería el encargado de la distribución de Hyundai para Colombia y, a cambio, Mattos recibiría una millonaria indemnización por daños y perjuicios ocasionados. En enero de 2018, la Fiscalía General de la Nación anunció una investigación por presunta manipulación al sistema de reparto de procesos, con el fin que la demanda presentada por Mattos llegase a un juzgado específico. El ente acusador comprobó que Mattos y su abogado habrían acordado un pago al juez Reinaldo Huertas por aproximadamente $2.000 millones de pesos (más de $580.000 dólares) para fallar a su favor. Por estos hechos, hay 9 personas capturadas, entre funcionarios y exfuncionarios del juzgado donde se falló la demanda, entre ellos, el juez Huertas, Carlos Mattos y su abogado. Los capturados deberán responder por los delitos de utilización ilícita de redes informáticas, acceso abusivo a sistema informático, daño informático agravado, cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer y cohecho propio.​
• Cartel de los Alimentos en las Fuerzas Militares.*
  • El 22 de mayo, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra 9 empresas privadas, entre ellas, 2 comisionistas de la Bolsa Mercantil Agropecuaria (encargada del mercado bursátil de los productos agropecuarios en Colombia), además de 11 personas naturales. La investigación esta encausada por un desfalco que estas le han venido haciendo a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares (entidad estatal encargada de proveer las raciones de víveres a soldados, marinos, infantes de marina y pilotos). Estas empresas y personas se pusieron de acuerdo para repartir contratos y alterar los precios de las raciones alimenticias, que eran acordados previamente con los proveedores, para hacerse con una parte del dinero destinado a la alimentación de los uniformados, constituyendo una presunta colusión en licitación pública. Esta práctica ilícita se desarrolló de manera ininterrumpida durante 2011 y 2018 en, por lo menos, 10 procesos de selección adelantados para elegir a los proveedores de los alimentos, por un valor total de $60 mil millones de pesos (más de $20 millones de dólares). La SIC aclaró que no hay miembros de las Fuerzas Militares involucrados en esta práctica, todo fue gestado desde las empresas privadas. Además, las empresas y personas involucradas habrían acordado repartir contratos con presupuestos oficiales que ascenderían a un valor superior a los $47 mil millones de pesos (unos $16 millones de dólares).​​
• Captura del alcalde de Armenia.*
  • El 30 de abril, fue capturado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General el alcalde en ejercicio de la ciudad de Armenia, Carlos Mario Álvarez, por su presunta participación en un caso de corrupción de irregularidades en obras viales de la capital del departamento del Quindío. Estos hechos ya habían llevado a la cárcel a la exalcaldesa de la ciudad, Luz Piedad Valencia, y a su esposo, Francisco Javier Valencia, a quienes les imputaron los delitos de peculado, falsedad ideológica en documento público, concierto para delinquir, celebración indebida de contratos e interés indebido en celebración de contratos. El ente investigador averiguó que, después de ser autorizado un recaudo por $100.000 millones de pesos (más de $35 millones dólares a 2018) para ejecutar obras en la ciudad a través de un cobro por valorización, Valencia y su esposo recibieron el 10% de los contratos de obra pública y de supervisión o interventoría de estas para la ciudad y el 100% de los convenios de consultoría y estudio de diseños de las obras, cifras que rondarían los $22.000 millones de pesos (más de $7.7 millones de dólares). Por su parte, el alcalde Álvarez habría financiado su campaña con recursos de la misma ciudad que aspiraba administrar, por valor de $6.000 millones de pesos (más de $2.1 millones de dólares), a través de contratos de obras por valorización del contratista Fernando Diez Cardona, dinero que debía ser restituido a este por medio de otros contratos que deberían ser otorgados por la nueva administración en cabeza de Álvarez. Hasta ahora, van 12 personas involucradas en este episodio de posible corrupción. Los delitos por los que será imputado formalmente Álvarez son lavado de activos, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir.​
• Escándalo en Triple A y Operación Acordeón.*
  • El 17 de marzo fue capturado por la Fiscalía General Ramón Navarro Pereira, exgerente de la empresa de servicios públicos de Barranquilla Triple A, por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares en concurso heterogéneo con administración desleal y falsedad en documento privado, quien habría defraudado a la entidad en más de $27.000 millones de pesos (casi $10 millones de dólares a 2018). A través de labores investigativas descubrieron que el exgerente, junto a los entonces representantes de la empresa española Inassa S.A. (esta última propietaria de Triple A) y de la firma Recaudos y Tributos S. A., aprobó y firmó 54 órdenes de pedido de bienes y servicios que no fueron adquiridos y 4 contratos de consultoría que pretendían justificar solicitudes de tarifas de acueducto y alcantarillado ante la Comisión Reguladora de Agua Potable. Según la Fiscalía, estos gastos fueron registrados en la contabilidad y en las declaraciones de renta como operaciones normales de la Triple A y se usaron para calcular los dividendos de los accionistas (Inassa S.A., socios particulares y el Distrito de Barranquilla) para así realizar los cobros correspondientes por regalías. Debido a estos hechos irregulares, se le imputaron los mismos cargos a Julia Serrano Monsalve, exgerente financiera de Triple A. El ente acusador también abrió investigación formal y citó a indagatoria a directivos y exdirectivos de las empresas vinculadas a la primera fase de la denominada "Operación Acordeón", cumpliendo lo establecido en el antiguo Sistema Penal colombiano ya que el presunto ilícito se presentó el 4 de septiembre del año 2000, a través de un contrato suscrito entre Inassa y Triple A S.A. de esa misma fecha, donde se pacta un pago mensual a Inassa del 4.5% del recaudo total de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo (brindados por Triple A) a cambio de prestar servicios en gestión comercial, operativa, administrativa y técnica a la entidad. Los fiscales anticorrupción calculan que, en 17 años de vigencia del contrato, se habrían pagado más de $237.000 millones de pesos (cerca de $88 millones de dólares de 2018). Adicionalmente, se presume que el contrato no se ejecutó y, por el contrario, se presentó una supuesta desviación irregular de estos dineros para beneficiar a terceros; entre ellos, las sociedades Canal Extensia S.A. -empresa del Grupo Español Canal Isabel II, propietaria de Inassa – y Slasa. Por estos hechos, fueron llamados a indagatoria 11 exdirectivos y actuales directivos de las empresas implicadas en el caso por los delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito y enriquecimiento ilícito de particulares.​
• Cartel del Sida en Colombia.*
  • La Procuraduría General de la Nación, a través de su entonces titular, Fernando Carrillo, reveló a finales de enero un nuevo escándalo de corrupción en el departamento de Córdoba. Según cálculos de la Procuraduría, el desfalco de recursos públicos estaría por el orden de $210.000 millones de pesos (casi $76 millones de dólares). El jefe del Ministerio Público explicó que se habrían cobrado tratamientos para la enfermedad del sida por parte de pacientes inexistentes o incluso muertos. Según la denuncia de Carrillo "los pagos realizados por el llamado Cartel del Sida obedecen a pagos que no correspondían al Plan Obligatorio de Salud (POS) del estado o a fallos de tutela que favorecían falsos pacientes de la enfermedad; estos supuestos falsos pacientes eran parte del régimen subsidiado de salud colombiano. En algunos casos, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) pagaban a la Caja de Compensación Familiar del departamento (Comfacor) y este, al mismo tiempo, le giraba también recursos a la caja, provocando el desangre de los recursos públicos". El funcionario calcula que más de 800 pacientes falsos serían parte de este escándalo, perjudicando la salud y calidad de vida de los pacientes de Córdoba que realmente son portadores del VIH.

Otros 2018

• Suspensión del gobernador de Córdoba por Cartel de la Hemofilia. La Procuraduria suspende por tres meses a Edwin Besaile, gobernador del departamento de Córdoba, mientras lo investiga por el pago irregular de $1.500 millones de pesos (unos $500.000 dólares) a falsos pacientes de hemofilia, en el escándalo del llamado Cartel de la Hemofilia.​​​
• Capturas de los alcaldes de Envigado y Barbosa. En noviembre fue capturado por la Fiscalía General de la Nación el alcalde del municipio antioqueño de Envigado, Raúl Cardona González, junto a 5 funcionarios de su administración por los delitos de peculado y concusión. Según la investigación, los funcionarios habrían se apropiaron, por medio de contratos amañados, de millonarias sumas de dinero del erario municipal; incluyendo, la compra por parte del municipio de un lote que un particular compró previamente por $50 millones de pesos (unos $15.000 dólares), y luego vendió a la alcaldía de Envigado por $1.300 millones de pesos (unos $400.000 dólares); también se les acusa de exigir sobornos a funcionarios de libre nombramiento y remoción de la alcaldía a cambio de mantenerlos en sus puestos.​​ El mes anterior, había sido capturado por el ente acusador el alcalde de Barbosa, Edison García Restrepo, junto a 8 funcionarios más de su administración por presunta contratación ilegal afectando las finanzas de este municipio antioqueño.​
• Captura del alcalde de Barrancabermeja. El 6 de febrero, la Fiscalía General capturó al alcalde en ejercicio del municipio santandereano de Barrancabermeja, Darío Echeverri, por utilizar medios indebidos para impedir el desarrollo normal del proceso de revocatoria de su mandato, realizado a mediados del año anterior. El ente investigador afirmó que "la Fiscalía constató una denuncia interpuesta por la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA, que puso en conocimiento maniobras ilícitas para frenar la revocatoria del mandato al actual alcalde de Barrancabermeja". Entre las irregularidades encontradas estarían "maniobras engañosas para evitar que los votantes fueran a las urnas, pago de dinero en efectivo, intimidación a empleados y funcionarios de la administración municipal, utilización de planes de gobierno para comprar a la ciudadanía y retención de cédulas", con el objetivo de impedir que el mecanismo de participación ciudadana alcanzara el umbral​, como efectivamente sucedió. Ante estas evidencias, la Fiscalía le imputó cargos al alcalde por constreñimiento o amenaza al sufragante, obstrucción al certamen electoral, peculado y concierto para delinquir. Además del alcalde, se capturaron 4 personas más que eran parte del comité en contra de la revocatoria de alcalde, entre ellos, un funcionario de la administración municipal.​ En abril, los capturados quedaron libres en decisión judicial de segunda instancia por supuestos vacíos jurídicos en la decisión tomada por el juez de primera instancia; sin embargo, siguen vinculados a la investigación.​

2017

• Caso Odebrecht.*
  • Caso de corrupción liderado por la compañía basileña Odebrecht, afectando a 12 países, en el que Departamento de Justicia de los Estados Unidos estima en $11 millones de dólares el monto total de sobornos pagados por Odebrecht en Colombia entre los años 2009 y 2014, para entre otros obtener la adjudicación del contrato de la Ruta del Sol Tramo Dos que ascendía a $3.6 billones de pesos del año 2011 (unos $1.980 millones de dólares)​ En Colombia cae el exviceministro de Transporte en el período de Álvaro Uribe, Gabriel García Morales, imputándole la Fiscalía cargos de enriquecimiento ilícito, cohecho y celebración indebida de contratos. La Fiscalía comprobó que García Morales exigió $6.5 millones de dólares a Odebrecht para garantizarle adjudicación de la Ruta del Sol Tramo Dos, excluyendo a otros competidores. La segunda captura fue la del exsenador Otto Nicolás Bula; según la Fiscalía, Bula fue contratado por la sucursal de Odebrecht en Colombia el 5 de agosto de 2013, para que el exsenador obtuviera el contrato de la vía Ocaña-Gamarra en favor de la Concesión Ruta del Sol S.A.S., del cual Odebrecht era parte. Para lograrlo, Bula hizo el segundo soborno de la firma por valor de $4.6 millones de dólares para que el proyecto no fuese sometido a licitación como estipula la ley, sino asignado en forma directa a través de un convenio fechado 14 de marzo de 2014. La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exsenador Bula por delitos de cohecho por dar u ofrecer y enriquecimiento ilícito.​ El proceso sigue su investigación, dando como resultado la captura de más de 5 personas que están implicadas en el escándalo, entre ellas, los entonces senadores Bernardo "El Ñoño" Elías y Plinio Olano.​ La gravedad de este escándalo es tal que la Fiscalía está investigando si Odebrecht financió la campaña electoral de 2014 en segunda vuelta a favor de los candidatos que la disputaban: Juan Manuel Santos (presidente electo) y Oscar Ivan Zuluaga.​
  • El inicio de la investigación ocurrió a finales de diciembre de 2016, cuando el Departamento de Justicia estadounidense publicó una investigación sobre la constructora brasileña Odebrecht, en la que se detalla que la misma habría realizado sobornos a funcionarios públicos de los gobiernos de 12 países para obtener beneficios en contrataciones públicas, entre ellos, Colombia.​ Luego del anuncio, el entonces fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció el comienzo de la investigación y luego de revisar la información dada a conocer por Estados Unidos, junto al trabajo hecho por fiscales e investigadores del país, a comienzos de enero se produjo la primera captura de este caso, la del exviceministro de Transporte en el período de Álvaro Uribe, Gabriel García Morales, dando paso al resto del proceso.
  • En mayo de 2017, se le imputaron nuevos cargos a Bula por cohecho y asociación para cometer delitos contra la administración pública, al supuestamente entregar un apartamento en el norte de Bogotá al fiscal anticorrupción, Rodrigo Aldana (quien en abril le fueron imputados los cargos de cohecho propio, prevaricato por omisión y concertación para cometer delitos contra la administración pública), para que emitiera una resolución de extinción de dominio a tres haciendas en el departamento de Córdoba. Bula no aceptó los cargos y se declaró inocente.​
• Escándalo en la Fiscalía y en la Corte Suprema de Justicia, este último llamado "El Cartel de la toga".*
  • El 27 de junio fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación, en su propia oficina y frente a sus empleados, el hasta ese día Jefe de la Unidad Anticorrupción del ente acusador; Luis Gustavo Moreno, acusado, junto a un abogado llamado Leonardo Pinilla, de pedirle dinero al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, a cambio de desviar indagaciones en su contra por posible malversación de recursos por más de $10.000 millones de pesos (unos $3.3 millones dólares), en las que sería investigado formalmente por delitos como concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.​​ Con la cooperación de Lyon, el Departamento de Justicia de Estados Unidos descubrió que Pinilla y Moreno, este último aprovechándose de su cargo, inundarían a sus fiscales con trabajo para que no pudieran concentrarse en el expediente de Lyon a cambio de $400 millones (unos $130.000 dólares) y una “adición” de $30.000 dólares que aspiraba recibir antes de irse de Estados Unidos. Luego de este suceso, la Fiscalía ha procedido a capturar más de 50 de sus funcionarios a nivel nacional por hechos similares, varios de ellos podrían ser solicitados en extradición por Estados Unidos.​ Luis Gustavo Moreno, luego de confesar su delito, atestiguo en la Fiscalía contra dos exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia; José Leonidas Bustos y Francisco Javier Ricaurte (a los cuales Estados Unidos les canceló la visa estadounidense), manifestando que estos absolvieron a los entonces senadores Luis Alfredo Ramos, Hernán Andrade y Musa Besayle de investigaciones en su contra y que, por gestiones de Moreno y Pinilla, fallaron a favor de los congresistas a cambio de coimas; Por su parte, el senador Besayle admitió ante la Corte Suprema de Justicia que, en efecto, pagó dos mil millones de pesos (unos $680.000 dólares) al exfiscal Moreno y al exmagistrado Bustos para beneficiarle en un proceso en su contra por parapolítica, de una cantidad inicial de seis mil millones (unos $2 millones dólares) solicitada por estos.​ La Comisión de Acusaciones acusó además al actual magistrado de la corte Gustavo Malo, quien estaría salpicado en el escándalo de sobornos del alto tribunal; la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia le pidió al magistrado implicado apartarse del cargo mientras continúe la investigación en su contra, petición rechazada por este afirmando que es inocente.​ ​Por su parte, la Corte Suprema emitió el 25 de septiembre una orden de captura contra Musa Besayle por los delitos de cohecho y peculado, quien se entregó al CTI de la Fiscalía en Montería a comienzos de octubre.
  • Lyons, quien pasó a ser cooperante del Departamento de Justicia de Estados Unidos, denunció que Pinilla y el Jefe Anticorrupción Moreno (quien apenas llevaba un mes en el cargo) se le habían acercado para pedirle $100 millones (unos $33.000 dólares) a cambio de entregarle copias de declaraciones juradas de testigos que habían hablado en la Fiscalía en su contra. La DEA le preparó una trampa a Moreno en Miami, donde le dio a Lyons $10.000 dólares con billetes marcados para que le entregara a Moreno con el objetivo de rastrearlos. La Fiscalía de Colombia, sabiendo de antemano la operación de la DEA, envía a Moreno para entrevistarse con Lyons; luego, el dinero marcado es descubierto en manos del Jefe Anticorrupción y sus familiares en el vuelo de regreso a Colombia.
  • Por estos hechos, la Corte del Distrito Sur de la Florida le va a endilgar a Moreno y a Pinilla los cargos de conspiración para lavar dinero con la intención de promover un soborno, haciendo formal la solicitud de extradición a Colombia,​ además de la investigación que se les abrió en el país por el delito de concusión.
  • La hija de Gustavo Malo, Yara Malo, será imputada por la Fiscalía por los delitos de extorsión agravada, al amenazar a una fiscal de Bogotá con "mover sus influencias" para hacerla despedir del cargo o trasladarla a un sector con problemas de orden público si no accedía a pagarle cierta cantidad de dinero por haberla ayudado a ingresar a trabajar en el ente acusador.​​ La Comisión de Acusaciones confirmó que el caso del exmagistrado Ricaurte queda bajo jurisdicción de la Fiscalía,​ la cual le emitió orden de captura con detención en establecimiento carcelario por parte de un juez.​
  • Otros implicados en el escándalo del Cartel de la Toga son el exmagistrado de la Corte Suprema, Camilo Tarquino, y el senador Álvaro Ashton.​
• Cartel de la Chatarrización.*
  • La Fiscalía General de la Nación ordenó, a mediados de febrero, la captura de 28 personas, entre policías, funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Transporte, tramitadores privados y líderes sindicales del sector camionero, por hacer parte de una "organización criminal" dedicada a defraudar al estado en el proceso de desintegración de vehículos de carga. El Gobierno Nacional, para controlar el crecimiento del parque automotor de carga en el país, implementó la Política de Chatarrización a vehículos de carga en el año 2008: Si el propietario de un camión o empresa quería comprar un vehículo, debía chatarrizar o desmantelar otro de más de 20 años; si no regresa al negocio, se paga un incentivo de $89 millones de pesos ($30.945 dólares) por vehículo; si se chatarriza, pero compran otro camión, reciben un estímulo monetario menor y el cupo de su nuevo camión. Según fuentes de la Fiscalía, el Cartel de la Chatarrización aplicó varios métodos para evadir la normativa: La chatarrización virtual, que implicaba que funcionarios dentro del Ministerio y de otras dependencias manipulaban la información de un vehículo en la base de datos para hacerlo aparecer apto para reposición; la chatarrización de camiones inexistentes, armando vehículos por partes para este fin y la desintegración usando carpetas de vehículos legales y activos cuyos propietarios, en muchas ocasiones, ni sabían de la manipulación que era objeto la información de sus vehículos. Se estima que esta organización chatarrizó de manera fraudulenta, desde hace varios años, un total de 12.000 camiones, lo que ocasionó pérdidas al estado en más de $600 mil millones de pesos (más de $208 millones de dólares), a razón de $50 millones de pesos (unos $17.000 dólares) por camión.​​ A los capturados se les imputaron los delitos de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con fraude procesal y en concurso con el de uso de documento falso, además del delito de supresión u ocultamiento de documento público.​
• Cartél de las Regalías.*
  • En enero fue capturado por la Fiscalía el actual Secretario de Planeación del departamento de Córdoba y exdirector del Fondo de Ciencia y Tecnología de Regalías; Manuel Benjumea quien, según el ente acusador, desvió $150.000 millones de pesos (unos $51 millones de dólares) producto de regalías departamentales a favor del también detenido contratista Jesús Henao Sarmiento quien, a través de fundaciones dirigidas por sus socios, obtuvo contratos con el objeto de desarrollar proyectos agropecuarios para, supuestamente, enfrentar los retos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, proyectos que no se ejecutaron completamente, según denuncia del gobernador en ejercicio; Edwin Besaile, causando detrimento patrimonial al departamento por haber sido girados la casi totalidad de los recursos por el anterior gobernador Alejandro Lyons. Los detenidos, además de los socios de Henao, fueron acusados de peculado por apropiación y en concurso heterogéneo además de celebración indebida de contratos. Maximiliano García, funcionario departamental que trabajó con el director de regalías Jairo Zapa, asesinado al descubrir las irregularidades, también está vinculado al proceso, además de estar investigado por el crimen de su jefe, igual que Henao.​
• Caso Manantial de Amor en Bucaramanga.*
  • Comenzó con una investigación periodística hecha por el periódico Vanguardia Liberal de Bucaramanga en junio de 2016, donde denunció una red de corrupción hecha por varias personas en la administración municipal; entre ellas, el entonces alcalde de la ciudad Luis Francisco Bohórquez. El plan de corrupción terminó en la concesión de contratos para un solo proponente: La Iglesia Manantial de Amor, a la cual asistía Bohórquez como feligrés al igual que varios miembros de su familia, por valores superiores a los $15 mil millones de pesos (más de $5.2 millones de dólares a diciembre de 2017) para cosas mínimas como podar árboles, modernizar alumbrados o hacerle la interventoría o supervisión a la construcción de un muro por medio de empresas constituidas por miembros de la iglesia, quienes cobraron valores alrededor del 30% por encima del valor del mercado. Luego de esta investigación el pastor de la iglesia, Óscar Leonardo Rodríguez, fue asesinado el 22 de junio de 2016 en la sede de la iglesia ubicada en el norte de la ciudad; su esposa, Rocío Méndez, recibió un atentado contra su vida un año después; los dos recibieron contratos, según la investigación, por cerca de $7 mi millones de pesos (más de USD$2.330.000 dólares a diciembre de 2017). Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación ha capturado y enviado a la cárcel, a noviembre de 2017, a 8 personas implicadas en los hechos; entre ellas el exalcalde Bohórquez, su Secretario de Infraestructura, Clemente León Ayala, y varios contratistas pertenecientes a Manantial de Amor por los delitos de peculado por apropiación, celebración indebida de contratos, interés indebido en la celebración de contratos, falsedadideológica en documento público y falsedad en documento privado, aunque dos de ellas fueron dejadas en libertad por falta de pruebas pero siguen vinculadas al proceso.​​​ En enero de 2018 se realizó una nueva captura, la de Gerson Andres González, quien en el momento de su captura ejercía como Secretario de Infraestructura en la ciudad de Barrancabermeja.​ Pese a los resultados, aún no hay capturas o implicados por el asesinato del pastor y el atentado contra su viuda.
• Desfalco a Ecopetrol.*
  • El juez cuarto laboral de Cúcuta, Samuel Darío Rodríguez Duarte, luego de una investigación hecha por la Fiscalía General de la Nación, fue condenado en juicio por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo y sucesivo con medida de aseguramiento en prisión, luego de decidir varios fallos de tutela que no estaban conformes a la ley como el de algunos extrabajadores de la estatal petrolera Ecopetrol, participantes de una huelga en 2004 que buscaban su reintegro y liquidación de derechos laborales. Igual caso con el expresidente de la Unión Sindical Obrera (USO), Hernando Hernández, el cual buscaba liquidar sus prestaciones sociales, pensión de jubilación y otros beneficios laborales de un periodo en que estuvo privado de la libertad. La Fiscalía calculó perdidas por $134.000 millones de pesos (unos $45 millones de dólares), además que los procesos de los reclamantes no eran de la jurisdicción del juez Rodríguez. Por estos hechos se encuentra en prisión el magistrado Félix Maria Galvis y próximamente se hará la imputación de cargos al magistrado Fernando Castañeda, el cual esta prófugo de la justicia.​​
• Captura del alcalde de Cartagena.*
  • El 3 de agosto fueron capturados por integrantes del CTI de la Fiscalía General de la Nación el alcalde del Distrito de Cartagena de Indias; Manuel Vicente Duque, junto a su hermano de crianza; Jose Julián Vásquez y la contralora de la ciudad; Nubia Fontalvo, por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, debido a irregularidades presentadas en la elección de Fontalvo, por parte de los concejales de la ciudad, como Contralora Distrital. Unos días atrás, se había entregado a la justicia uno de los concejales que eligió a Fontalvo; Jorge Useche. Por esta misma acción, fueron investigados y sancionados disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación todos los concejales de la ciudad que eligieron a Fontalvo, luego que ella obtuviera el menor puntaje de una terna propuesta al Concejo Distrital para elegir la persona encargada del control fiscal a la administración pública en Cartagena, siendo Jorge Useche quien convenció a los demás concejales para que no eligieran al ganador de la convocatoria; el abogado Ivan Sierra Porto, y en su lugar eligieran a Nubia Fontalvo, cercana al alcalde.​
• Escándalo en la Justicia del Meta.*
  • Una redada llevada a cabo a finales de junio en la ciudad de Villavicencio, Meta, por parte de agentes de la DIJIN (división de la policía colombiana que realiza labores de policía judicial), concluyó con la captura de dos fiscales Seccionales, dos jueces, un exjuez, un médico del Instituto Nacional de Medicina Legal (entidad estatal encargada de la actividad forense en el país), un asesor jurídico de la cárcel de Villavicencio, dos investigadores del CTI (policía judicial de la fiscalía colombiana), y un exfuncionario de la Fiscalía; todos ellos, supuestamente, estarían realizando maniobras dilatorias para entorpecer investigaciones que, en teoría, debieron llevar a la cárcel hace tiempo a integrantes de Bandas Criminales (BACRIM) de esta zona del país.​ Al mismo tiempo, la Fiscalía realizó 24 capturas a miembros de la rama judicial, entre ellos, tres magistados del Tribunal Superior de Justicia en el departamento del Meta, funcionarios del INPEC (entidad estatal que vigila y regula las cárceles del país), abogados y particulares; a todos ellos, se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, falsedad material e ideológica en documento público, cohecho por dar y ofrecer y prevaricato por acción en concurso homogéneo, al comprobarse que estos funcionarios conformaban desde 2013 una "empresa criminal" que otorgaba de manera irregular, a cambio de sobornos, redenciones de pena, sustituciones de medida de detención privativa de la libertad por domiciliaria y suspensiones condicionadas en la ejecución de las sentencias a autores de delitos como homicidio, concierto para delinquir y narcotráfico.​
• Escándalo de Llanopetrol.*
  • El 19 de mayo se realizó la imputación de cargos a 4 detenidos por el desfalco en la Refinería del Meta, a través de la empresa estatal Llanopetrol. Se les acuso de apropiarse ilicitamente de más de $18.000 millones de pesos (unos $6.1 millones de dólares) durante el mandato del gobernador Alan Jara entre los años 2012 y 2015, quien sería responsable de revivir el proyecto. El caso se descubrió en la Jornada Anticorrupción en Meta realizada el 5 de mayo, la Fiscalía dijo que los detenidos seguían órdenes de altos cargos y que esperaba emitir más órdenes de captura a más responsables. Ninguno de los implicados aceptó los cargos. A pesar de 3 plazos de adición presupuestal, donde la empresa incumplió, la gobernación del departamento giro los recursos considerados injustificados.​

Otros 2017

• Cartel de los Enfermos Mentales.Una auditoría hecha en mayo por la Controlaría General de la República en el departamento de Sucre dejó al descubierto un desfalco hecho por cuatro funcionarios y exfuncionarios departamentales así como por dos representantes legales de clínicas en Sucre (uno de ellos aceptó los cargos), quienes entre 2014 y 2015 se apropiaron de recursos públicos de la seguridad social departamental por $5.094 millones de pesos (unos $1.7 millones de dólares) a través de servicios de hospitalización y tratamientos a supuestos enfermos mentales. La Fiscalía General de la Nación descubrió que esos pagos estaban fundamentados en documentos falsos y diagnóstico de personas que no estaban enfermas, por lo que les imputaron a estas 6 personas el delito de concierto para delinquir solicitando medida de aseguramiento ante un juez. La Fiscalía agregó que bastaba leer los soportes presentados por la IPS o clínicas que prestaron el supuesto servicio para conocer que muchos de esos supuestos tratamientos debían ser pagados por la EPS a la que estaban afiliados los supuestos enfermos y no por la Secretaría de Salud del departamento. Además, a las historias clínicas para diagnosticar el cuadro clínico no les realizaron la verificación para comprobar que a los pacientes los estaban atendiendo, lo que era una obligación legal, descubriendo además que en los años en que se presentó el delito nunca existió un contrato entre el departamento y las clínicas implicadas en el caso.​
• Escándalo en Colpensiones. A comienzos de junio, una juez especializada de control de garantías envió a prisión a 8 de 11 personas capturadas por la Fiscalía General de la Nación (las otras 3 se les dio detención domiciliaria) por los delitos de concierto para delinquir, estafa, acceso abusivo, violación de datos personales y fraude procesal, debido a un desfalco cometido por estas personas, quienes laboraban como contratistas en la parte de sistemas de la entidad estatal encargada del Régimen de Prima Media para las pensiones en Colombia (Colpensiones). La investigación comenzó el 8 de mayo de 2014, momento en el cual uno de los directivos de la entidad denunció presuntas irregularidades en el sistema informático de la empresa de pensiones. Se presume que los contratistas crearon una red delincuencial que cobraba por la modificación de los historiales laborales entre $10 y $100 millones de pesos (entre $3.000 y $33.000 dólares), según la complejidad del trabajo y el ingreso que representara. Los contratistas crearon dos modalidades de delinquir: la primera, consistía en inventar desde cero el historial laboral de una persona que nunca hubiese estado afiliada al Seguro Social (antigua entidad encargada del sistema pensional) ni a Colpensiones; la segunda, consistía en modificar el número de semanas cotizadas por trabajadores reales para que pudieran pensionarse antes de lo estipulado. La Fiscalía continúa la investigación.​
• Escándalo de Corpourabá. Luego de 2 días de audiencia, en el mes de mayo, tres exempleados del área financiera de la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible de Urabá, Corpouraba (entidad estatal que ejerce como autoridad ambiental de la región), aceptaron los cargos de peculado por apropiación en provecho propio y falsedadideológica en documento público imputados por la Fiscalía. Presuntamente, se habrían apropiado de $2.648 millones de pesos en dineros públicos (USD$903.089 dólares) entre 2010 y 2016. Esta investigación comenzó en mayo del año anterior, luego de una denuncia por los malos manejos dentro de la institución; además, hay una orden de captura vigente a la extesorera de la entidad.
• Cartel de los Abuelos. El 18 de mayo se realizó la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos a ocho implicados en irregularidades en los Centros de Bienestar del Adulto Mayor en Pereira, donde se atienden 93 personas, el caso fue denunciado por la Personería de la ciudad con ayuda de la Fiscalía Seccional de Risaralda. Hasta el momento, la Fiscalía ha investigado 4 de 13 contratos en el Programa del Adulto Mayor, pero las irregularidades superan los $700 millones de pesos (USD$238.732 dólares). Entre los imputados están el exsecretario de Desarrollo Social y Político de la Alcaldía; John Lemus, quien dice no tener responsabilidad en los cargos imputados. De los 8 implicados, el fiscal solicitó la medida de aseguramiento para 7 de ellos; uno de ellos que aceptó cargos podría tener rebaja de pena del 50% y detención domiciliaria.​
• Carrusel de las Cirugías Plásticas a comienzos de julio fueron capturados por la Fiscalía General de la Nación el contralor departamental de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, el gerente de la E.S.E. (Empresa Social del Estado) Hospital La María de la ciudad de Medellín; Willian Marulanda, y tres hermanas del contralor Zuluaga. El gerente Marulanda habría autorizado realizar cirugías plásticas sin realizar el respectivo cobro a los beneficiarios de las mismas, incluyendo el contralor y sus hermanas; en su lugar, se hacían las facturas y posteriormente se anulaban realizando cobros con valores menores a los reales, a veces, ni se cobraban los servicios de quirófano, anestesiólogos y medicamentos, afectando la parte financiera de ente de salud público. En otros casos, el gerente las hizo pasar por otros procedimientos para que las cobijara el Plan Obligatorio de Salud colombiano. A los detenidos se les imputaron los delitos de peculado por apropiación y prevaricato por omisión. Según una auditoría hecha, se habrían hallado desde el año anterior, cuando se solicitó la investigación a la Fiscalía de este caso por parte de concejales de Medellín y diputados de Antioquia, un total de 102 procedimientos médicos irregulares por valor de $130.762.550.oo (USD$42.873.oo).​​ Pese a las pruebas recopiladas por la Fiscalía, el juez del caso les concedió libertad a los imputados al considerar que no había suficiente material probatorio; aun así, el proceso sigue su marcha.​
• Escándalo en Secretaría de Movilidad de Medellín. El 1 de marzo, la Fiscalía General de la Nación capturó en Medellín a 17 personas: 15 tramitadores privados y 2 inspectores de tránsito de la Secretaría de Movilidad de la capital antioqueña, que se dedicaban a falsificar o alterar infracciones de tránsito de la ciudad, así como documentos propios de la entidad, licencias de conducir y seguros para accidentes de tránsito (SOAT) a cambio de dinero. A los detenidos, quienes se les venia haciendo seguimiento de sus actividades desde 2014, se les imputaron los delitos de concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento público y privado, con penas que van entre los 8 y 12 años de prisión.​
• Captura del alcalde de Barichara. El 5 de septiembre la Fiscalía General de la Nación capturó en Barichara (Santander) a Israel Agón, actual alcalde municipal, por las presuntas inconsistencias en un proyecto de Vivienda de Interés Social (VIS) en el año 2010, cuando ejerció por primera vez el cargo. Junto al mandatario, y por el mismo caso, también fueron detenidos el gerente de las Empresas Públicas de Barichara y un exsecretario de Planeación del municipio. Según las investigaciones, el entonces mandatario local (reelegido para el periodo 2016-2020) habría acordado con los concejales de la época la compra de un lote de 7 hectáreas para realizar el proyecto de vivienda La Primavera para familias de escasos recursos del municipio. Se presume que, en desarrollo de dicho trámite en el concejo, el alcalde solicitó la suma de ocho millones de pesos (USD$2.725 dólares) a cada una de las 280 familias que saldrían favorecidas en el proyecto, el cual a la fecha no se ha ejecutado. Por estos hechos, el ente investigador le imputará a los capturados los delitos de celebración indebida de contratos, interés indebido en la celebración de contratos, peculado, urbanización ilegal y falsedad en documento público.​
• Captura del alcalde de Mogotes. La Fiscalía General de la Nación ordenó la captura en enero, con la respectiva medida de aseguramiento en prisión por parte de un Juez, del alcalde en ejercicio del municipio santandereano de Mogotes, Doryam Jovanny Rodríguez Avellaneda, por los delitos de peculado por apropiación, celebración indebida de contratos y prevaricato por omisión. La Fiscalía se basó en la investigación fiscal hecha por la Contraloría General de la Nación, donde se comprobaron irregularidades en dos contratos firmados en los años 2008-2011 por el alcalde, que para la época se desempeñaba como Secretario de Gobierno del municipio de Onzaga (Santander). En el primero, se hallaron irregularidades en la etapa precontractual, ya que el Informe de Conveniencia y Oportunidad (documento exigido por la ley colombiana para la realización de un contrato) no indicaba el valor a contratar y se tomó como base el valor del único proponente ($18 millones de pesos, USD$6.142 dólares) sin existir análisis o estudio de otras propuestas, además de no cumplir con su labor como supervisor de vigilar y controlar la ejecución del mencionado contrato. El otro contrato, por valor de $31 millones de pesos (USD$10.580 dólares), firmado con una cooperativa llamada Gente Líder, cuyo objeto era la "Realización de la capacitación y asesoría en el proceso financiero relacionado con el marco fiscal de mediano plazo, su relación con el presupuesto y el fortalecimiento de la capacidad técnica de la Secretaría", se descubrió que en 2008 ya se había realizado otro contrato con el mismo objeto, lo cual no está permitido por la ley colombiana; se descubrió, además, que el objeto del contrato debía ser realizado directamente por personal de la secretaría contratante y no por particulares.​ En marzo es dejado libre retornando a su cargo, aunque el juicio seguirá su marcha.​
• Captura del alcalde de Moñitos. A comienzos de mayo fueron capturados por la DIJIN de la Policía Nacional el alcalde del municipio cordobés de Moñitos; Álvaro Casseres Matoza junto a su padre; Álvaro Casseres Brieva y tres funcionarios de su administración con su respetiva medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por los delitos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante, constreñimiento o amenaza a los electores y fraude en la inscripción de documentos de identidad; descubriéndose estas irregularidades en el proceso de elección de Casseres Matoza como alcalde de este municipio.​
• Capturas de los alcaldes de Pamplona y Curillo. El 24 de octubre, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación capturaron al alcalde en ejercicio del municipio nortesantandereano de Pamplona, Ronald Mauricio Contreras Flórez, y a su Secretario de Gobierno, Yeiver Yesid Acero Basto, además de la representante legal de la ONG Corporación Vida y Progreso, por los delitos de peculado por apropiación y celebración indebida de contratos. Las irregularidades tienen que ver con un contrato que fue suscrito entre el municipio y la corporación el 24 de octubre de 2016 por un monto de $169 millones de pesos (USD$57.550 dólares), que tenía como objeto fomentar entre las víctimas del conflicto armado la creación de proyectos productivos sostenibles.​​ El día anterior, habían capturado en el municipio de Curillo (Caqueta) al alcalde de este municipio, José Ferrín Realpe, al igual que dos funcionarios de su administración por los delitos de peculado, interés indebido en la celebración de contratos, celebración indebida de contratos y falsedaden documento público, al hallarse irregularidades en contratos firmados por Realpe donde los recursos públicos terminaron en manos de terceros.​​
• Captura de alcaldesa de Ocaña. En febrero fueron capturados por la Fiscalía General de la Nación la alcaldesa en ejercicio del municipio de Ocaña (Norte de Santander), Miriam Prado Carrascal, junto a sus Secretarios de Gobierno, Juan Pablo Bacca, y de Movilidad, Albert Urquijo, por los delitos de violación del régimen de inhabilidades y celebración indebida de contratos, con la respectiva medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a cada uno por parte de un juez. Según la investigación, hecha a raíz de una denuncia instaurada por un habitante del municipio, la alcaldesa firmó un contrato por $80 millones de pesos (USD$27.557 dólares) con un contratista que habría financiado su campaña electoral para la alcaldía. El denunciante aseguró que, con este accionar, la mandataria municipal vulneró una ley colombiana del año 2011, que fija prohibiciones para la entrega de contratos a financiadores de campañas electorales. Por estas mismas acciones, se radicó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación.​​ En mayo fue revocada la medida de aseguramiento, al no encontrar una posible obstrucción de la justicia por parte de Prado Carrascal.​
• Caso Judy Pinzón. El 17 de mayo, la Secretaría de Gobierno de Bogotá pidió a la Personería Distrital realizar indagaciones correspondientes por presuntas irregularidades en la contratación con 5 alcaldías locales de la ciudad por parte de la Fundación para el Desarrollo Sociocultural Deportivo y Comunitario (Fundesco), dirigida por la exconcejal Judy Pinzón. La fundación logró contratos superiores a los $4.300 millones de pesos (unos $1.5 millones de dólares); en un documento se pone en conocimiento que la fundación contrato con las alcaldías para la instalación de equipos de computo, campañas de prevención contra la violencia e incluso la celebración del bicentenerio de una localidad; en estos contratos tan similares se cree que pudo beneficiarse alguien. Pinzón (Directora de la fundación) ya fue condenada, junto a 2 exconcejales más, a 6 años de prisión en 2004, además de 20 años de inhabilidad para ocupar cargos públicos por haber recibido coimas de $100 millones de pesos (unos $35.000 dólares) para modificar el Código de Policía permitiendo las ventas ambulantes. ​
• Caso Sandra Bonilla. A principios de mayo, fue condenada a 90 meses de prisión por peculado por apropiación, además de una multa de más de $400 millones de pesos (unos $135.000 dólares), a la extesorera de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Suroccidente; Sandra Bonilla, por una transferencia de más de $800 millones de pesos (unos $270.000 dólares) a cuentas de sus familiares entre 2009 y 2014. Además, fueron condenadas también otras 4 personas que deben pagar penas de 35 a 50 meses de prisión y multas de $20 a $160 millones pesos (de $6.750 a $53.900 dólares) por complicidad en el delito.
• Escándalo en Coljuegos. A finales de marzo, en desarrollo de una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación en varias ciudades del eje cafetero y luego de una investigación de 1 año, se hicieron efectivas 31 órdenes de captura, de ellas 8 en flagrancia, contra funcionarios y exfuncionarios de Coljuegos (entidad del estado encargada de regular los juegos de azar en el país); de estas capturas, 3 fueron contra exdirectores de la entidad. Se descubrió que, a través de empresas de papel, funcionarios de Coljuegos engañaron al Estado generando detrimento patrimonial superior a los $2.000 millones de pesos colombianos (unos $690.000 dólares) entregando contratos "a dedo" para activar unas máquinas tragamonedas que habían sido dadas de baja después de haber sido incautadas por Etesa (entidad predecesora de Coljuegos). Por alguna razón que se desconoce, las máquinas decomisadas no fueron destruidas como lo exige el protocolo de seguridad de la entidad cuando no están registradas, en su lugar habrían sido habilitadas y puestas de nuevo en circulación en casinos a través de concesiones.​​ A los capturados se les imputaran los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, celebración indebida de contratos, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito.​

2016

• Escándalo de Reficar
  • Estalló luego de que una investigación de la Contraloría General de la República, en cabeza de Edgardo Maya Villazón, detectara sobrecostos injustificados por cerca de $8.5 billones de pesos colombianos (unos $2 mil 900 millones de dólares) en la construcción de la Refinería de Cartagena (Reficar). Es posiblemente el escándalo de corrupción más grande en la historia de Colombia, con un detrimento patrimonial equivalente a un 5% del presupuesto nacional del país en 2016, que se terminaría de pagar en el año 2046, según datos de la entidad fiscalizadora.​ Aunque la Contraloría sacó a la luz pública el escándalo, un año atrás, la Procuraduría General de la Nación había iniciado investigaciones disciplinarias contra 12 directivos y exdirectivos de Reficar, por su presunta responsabilidad en el detrimento patrimonial;​ de los cuales, a 9 ya les abrió investigación formal en junio de 2017 por sobrecostos en el orden de los $8.000 millones de pesos (cerca de $2.8 millones de dólares).​ Por su parte, la Fiscalía General de la Nación inició en enero la investigación penal sobre el desfalco, realizando pesquisas a los archivos de Reficar y de los contratistas de la obra, así como copia de la investigación hecha por la Contraloría, buscando comprobar si hubo un posible peculado por apropiación; en diciembre comunicó que quedaban exentos de responsabilidades penales los entonces Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y Presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry.​​​ A finales de abril de 2017, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, anunció la imputación de cargos contra 8 altos ejecutivos de Reficar: 2 expresidentes, 1 vicepresidente jurídico, 1 revisor fiscal y 6 representantes de los contratistas (Downstream Ecopetrol 2008, Grupo Legal Reficar y CB&I); todos ellos por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito y falsedad en documentos. Según Martínez, el costo del peculado esta en el orden de $610.000 millones de pesos (casi $207 millones de dólares a la fecha), cifra que difiere de la presentada por la Contraloría. Así mismo, Martínez anunció el llamado a indagatoria de 8 personas más, entre ellos 2 expresidentes de Ecopetrol, y 13 a declaración jurada, búscando más responsables.​
• Escándalo de las libranzas en Colombia
  • Miles de inversionistas fueran estafados al invertir en el mercado secundario de libranzas, a través de empresas como Estraval y Elite, aliadas con ciertas cooperativas de libranzas. Los pagarés-libranza ofrecidos por Estraval y Elite resultaron no estar respaldados por los montos establecidos. Según la Fiscalía General de la Nación, esto no fue por omisión, sino que estas empresas modificaron el mercado secundario, para introducirse y hacer captación masiva e ilegal de fondos; básicamente, un esquema de pirámide. Este desfalco llevó al cese de pagos a los inversionistas y la pérdida de sus ahorros. Se estima que las perdidas pueden ascender a más de $1.5 billones de pesos colombianos (unos $436 millones de dólares a tasa de 2016)​ de más de 10.000 pequeños ahorradores o personas naturales, así como de grandes instituciones y fondos de pensiones.​​​​​​​​ Por este hecho, la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) inició acciones contra Estraval y Élite desde agosto de 2015. La Superintendencia de Economía Solidaria, Supersolidaria, ha liquidado a 6 cooperativas de libranzas, y ha abierto investigaciones a más de 12 cooperativas por el caso Estraval, y 12 por el caso Elite.​​ En cuanto a las dos sociedades, la Supersociedades ordenó la liquidación de sus bienes en agosto de 2016 para Élite y septiembre del mismo año para Estraval, con el objetivo de restituir el dinero a sus víctimas.​​ La Físcalia imputó cargos contra miembros de Estraval y Elite por captación masiva e ilegal de dinero.​
• Escándalo en el Hospital Universitario del Valle
  • A mediados de diciembre, fueron capturadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Físcalia General de la Nación, siete (7) extrabajadores del Hospital Universitario del Valle de Cali, por presunta celebración indebida de contratos en el centro asistencial, lo que originó un detrimento patrimonial en esta entidad del estado que la obligó a entrar a la Ley de Quiebras de la nación (Ley 550) para reestructurarla. En julio pasado, la Contraloría General de la República había alertado sobre un posible detrimento patrimonial en el Hospital Universitario del Valle por $123.783 millones de pesos (unos $42 millones dólares a la tasa de 2016). Tras una auditoría que duró 40 días, se encontraron pruebas del detrimento a las arcas del centro médico y se declararon los estados contables de la institución como negativos. Entre los capturados se encuentra el exdirector de la institución, Jaime Rubiano.​
• Cartel de la Hemofilia
  • Escándalo que estalló en julio luego de una investigación hecha por la Contraloría General de la Nación, donde descubrió nombres de personas vinculadas al Régimen Subsidiado del sistema de salud que las hacían pasar como enfermos de hemofilia, para luego cobrar millonarios recursos al gobierno en tratamientos NO-POS (Plan Obligatorio de Salud). Luego que la Fiscalía asumiera la investigación, concluyó que se trataba de una "empresa criminal" gestada en los departamentos de Córdoba (donde más se presentaron casos), Sucre, Bolívar y La Guajira, donde, a través de falsas Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), falsificaban listas de enfermos, evitando que verdaderos pacientes afectados con esta enfermedad fueran atendidos. Por este hecho, la Fiscalía ha capturado, hasta el momento, a tres (3) personas que trabajaron en la gobernación de Córdoba para la época de los hechos (2013 a 2015). El desfalco a la salud por este caso de corrupción estaría, según cálculos de la Fiscalía, en $80 mil millones de pesos (más de $26 millones de dólares a tasa de 2016).​​ En enero de 2018, la Procuraduría suspendió, de manera provisional y por 3 meses de su cargo, al gobernador en ejercicio del departamento del Córdoba Edwin Besayle, para evitar un posible entorpecimiento de parte de este en la investigación disciplinaria.​
• Cartel de los Cuadernos
  • Las tres grandes empresas de la industria del cuaderno en Colombia (Carvajal, Scribe y Kimberly) fueron sancionadas en febrero por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), debido a una alianza descubierta entre ellas para eliminar la competencia e inflar los precios de estos útiles escolares a sus intereses, perjudicando a los padres de familia consumidores de estos productos para sus hijos en etapa escolar, pactos hechos en 2011 y 2014. Por esta conducta indebida, las empresas papeleras fueron sancionadas con una multa de $60.000 millones de pesos (cerca de $17.5 millones de dólares).​
• Caso Pretelt
  • En febrero de 2015, el entonces magistrado de la Corte Constitucional, Mauricio González Cuervo, radicó una acusación ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra su colega magistrado y entonces presidente de la misma corte, Jorge Pretelt, quien supuestamente habría pedido $500 millones de pesos (más de $200.000 dólares a la tasa de febrero de 2015) al abogado Victor Pacheco, para fallar una tutela que debía resolver la Corte a favor de la firma Fidupetrol.​ Pretelt negó rotundamente estas acusaciones, pese a que se comprobó posteriormente que el abogado Pacheco, condenado por este hecho, entregó el dinero al magistrado para que este influyera entre sus colegas y, de esta manera, en consenso aceptaran y fallaran a su favor un acción de tutela de Fidupetrol, que hubiera revertido una decisión judicial que le imponía a la desaparecida firma fiduciaria pagar una suma de $22.500 millones de pesos ($9 millones de dólares de la época) al departamento del Casanare, por manejos irregulares del dinero departamental (por este hecho, fue condenado en 2013 el exgobernador de Casanare, Whitman Porras). Luego de meses de interrogatorios a los involucrados y deliberaciones, la Comisión de Acusaciones formuló cargos contra el magistrado Pretelt y el Senado de la República en pleno lo suspendió de su cargo, perdiendo de esta manera su investidura como magistrado. En consecuencia, el ya exmagistrado Pretelt pasó a juicio por cohecho en la Corte Suprema de Justicia.​ Por estos hechos, también fueron acusados por la Fiscalía el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil,​ el presidente de Fidupetrol, Abel Guillermo Caballero Lozano​ y el máximo accionista de la fiducia, Hélbert Otero;​ a los tres se les imputó el cargo de tráfico de influencias. Pese a la comprobación en la participación de Jorge Pretelt del delito por parte de la Fiscalía, se habla de un trasfondo político en el caso, debido a la amistad del exmagistrado Pretelt con el expresidente de la república y senador Álvaro Uribe Vélez, rival político del presidente en ejercicio Juan Manuel Santos.​ El 16 de septiembre de 2017, un juez absolvió al exmagistrado Escobar al considerar que no existía material probatorio contundente, de parte de la Fiscalía, para vincularlo al caso.​
• Cartel del Síndrome de Down en Córdoba
  • Otro escándalo que involucra al departamento de Córdoba en el sector salud, al ser detectadas irregularidades por parte de la Contraloría General de la Nación en el pago, por parte de la gobernación departamental, a 4 Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud (IPS) por $10.000 millones de pesos (más de $3.5 millones de dólares a la época) en la atención a niños con síndrome de Down o autismo. La Contraloría descubrió que los tratamientos a estos pacientes nunca se realizaron, pero aun así, se pagaron dado que se facturaron por paquetes y no de manera individual, además que la mitad de estos recursos debieron ser costeados por el Plan Obligatorio de Salud (POS) en lugar del departamento; adicional a esto, nunca fueron autorizados por las respectivas Entidades Promotoras de Salud (EPS). Solo una de estas IPS´s recibió cerca de $7.000 millones de pesos (USD$2.470.000 dólares) sin tener un contrato formal con el departamento.​
• Escándalo de la Gobernación de la Guajira
  • Estalló luego de la destitución de Oneida Pinto, por parte del Consejo de Estado de Colombia, como gobernadora del departamento a solo cinco meses de haber comenzado su mandato por una inhabilidad para ser candidata a la gobernación.​​​ En su lugar, el gobernador encargado Jorge Enrique Vélez,​ ha destapado numerosas irregularidades que involucran miles de millones de pesos perdidos por el departamento, por las cuales ha recibido amenazas de muerte.​ Este escándalo resulta aún más aberrante, cuando se sabe de las altas sumas de dinero perdido por la corrupción, mientras el departamento sufre una crisis humanitaria por desnutrición y muerte generalizada de niños, entre otros problemas.​ En octubre, la Fiscalía General de la Nación capturó a 20 personas involucradas en el escándalo, entre ellos, un exalcalde de Riohacha (Rafael Ceballos Sierra) y un exgobernador departamental (Jorge Pérez Bernier), además de involucrar en la investigación a 21 personas más, entre funcionarios y exfuncionarios nacionales, departamentales y contratistas.​ Además, la Fiscalía imputó cargos en enero de 2017 a Oneida Pinto por celebración indebida de contratos y falsedad en documento público y privado, al conocer las irregularidades en el trámite, celebración y ejecución del contrato que tenía como objetivo reducir la mortalidad infantil en el municipio de Albania (La Guajira), cuando ella se desempeñaba como alcaldesa. También se le imputó cargos en enero de 2017 al gobernador en ejercicio, Wilmer González Brito, por presuntas irregularidades en su elección luego de la destitución de Oneida Pinto, por los delitos de cohecho propio y corrupción al sufragante (convencer, mediante coimas, a los electores para que voten por determinada persona; en este caso, por él mismo) y en febrero de ese año, fue enviado a prisión, como medida necesaria para garantizar las investigaciones de la Fiscalía.​​ Igualmente, en enero de 2017 la Fiscalía capturó al alcalde en ejercicio de Riohacha, Fabio Velásquez, por irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) del municipio por valor de $5.713 millones de pesos (unos $1.9 millones de dólares en 2016), al comprobarse que a los niños beneficiados no les estaba llegando la respectiva alimentación del programa de manera real, generando rechazo e indignación.​
• La Comunidad del Anillo
  • En febrero se denunció en la emisora radial La FM, por parte de la periodista Vicky Dávila, una "red de prostitución homosexual masculina" que funcionaba en la Policía Nacional desde la Escuela de Cadetes General Santander, a cargo del entonces director de la escuela, coronel Jerson Castellanos, donde algunos cadetes víctimas de esta red denunciaron haber sido abusados por el Coronel Castellanos, además de ser obligados a brindar servicios sexuales a altos oficiales de policía, congresistas y funcionarios enquistados en altos cargos del gobierno.​ La periodista dio a conocer en su programa de radio una grabación del año 2008, donde se ve al entonces senador, Carlos Ferro, sosteniendo una conversación de tipo homosexual con el entonces subteniente y miembro de su escolta, Ányelo Palacios. Por este hecho, Vicky Dávila fue obligada a presentar su renuncia como directora de La FM y también como presentadora de Noticias RCN, denunciando una "persecución" y un "atentando a la libertad de prensa" desde el gobierno.​​ No obstante, las declaraciones de las víctimas sirvieron como base a la Procuraduría General de la Nación para iniciar investigaciones disciplinarias contra los involucrados en este escándalo, entre ellos, el entonces Director de la Policía Nacional, General Rodolfo Palomino,​ quien se vio obligado a pedir la baja del servicio activo y renunciar a su cargo, dejando a la institución en el momento más crítico de su historia.​ El protagonista del vídeo, Carlos Ferro, quien se venía desempeñando como Viceministro de Relaciones Públicas del Ministerio del Interior, presentó su renuncia al conocerse el mismo; además que la Procuraduría le abrió investigación disciplinaria por proxenetismo, inducción a la prostitución y trata de personas.​ El autor del vídeo y denunciante de esta red de prostitución, capitán Ányelo Palacios, fue destituido e inhabilitado por parte de la Inspección General de la Policía Nacional debido a supuestas acciones irregulares cuando ejercía como Comandante de Policía en Florencia, Caquetá, llevándolo a un estado depresivo que casi termina en suicidio del oficial.​​

Otros 2016

• Escándalo en la CAS de Santander. A finales de diciembre, la Fiscalía General de la Nación capturó y envió a la cárcel, después de la audiencia de imputación de cargos, a cuatro (4) funcionarios y exfuncionarios de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS (entidad estatal encargada de ejercer la autoridad ambiental en el departamento de Santander); entre ellos, la entonces directora de la entidad, Flor María Rangel, por los delitos de peculado por apropiación y falsedaden documento público, debido a irregularidades encontradas en un contrato por un valor de $3.400 millones de pesos (más de $1.1 millones de dólares a tasa de 2016), donde se le entregó casi la totalidad del dinero al contratista (Unión Temporal Barrancabermeja) sin que este hubiese ejecutado ni el 50% del objeto del contrato que era la "reforestación e intervención de zonas estratégicas para el medio ambiente". La Fiscalía descubrió también que se habrían presentado irregularidades en la suscripción del contrato, pues al momento de celebrarlo, la CAS no habría pedido al contratista que certificara su experiencia en el sector. Además, no se realizaron los estudios previos de manera adecuada y no hubo supervisión o interventoría que verificara la ejecución de las obras.​​
• Escándalo en la Secretaría de Hacienda de Medellín. A mediados de diciembre fueron capturados y enviados a prisión seis funcionarios de la Secretaría de Hacienda de Medellín por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e impropio, cohecho por dar u ofrecer, falsedad en documento público y peculado por apropiación. Las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía señalan que, desde el año 2014, este grupo de personas habría cometido actividades ilícitas que causaron un detrimento patrimonial a la Alcaldía de Medellín por una cuantía superior a los $1.800 millones de pesos (unos $600.000 dólares de esa fecha). El modus operandi consistía en contactar y convencer a determinados contribuyentes para disminuir sus pagos por concepto de Impuesto Predial (uso de suelo) e Industria y Comercio (para establecimientos comerciales e industriales) a cambio de considerables sumas de dinero. Otro método utilizado era dejar prescribir las cuentas con el fin de contactar ciudadanos y ofrecerles la citada prescripción. Además, se evidenció la realización de ajustes indebidos, ya que accedían al sistema interno y disminuían los saldos a pagar por los deudores morosos.​
• Escándalo en la Contraloría de Bogotá. A finales de diciembre, la Fiscalía General de la Nación expidió tres órdenes de captura, haciéndolas efectivas de manera inmediata, contra tres funcionarios de la Contraloría Distrital de Bogotá, debido a unas grabaciones dadas a conocer por la periodista Darcy Quinn de Caracol Radio, donde se expone a una de las capturadas, Hermelina Angulo, exigiendo $60 millones de pesos colombianos (unos $20.000 dólares a esa fecha) a un interventor de obras en la capital, para archivarle una investigación por presuntas irregularidades encontradas en auditorías hechas por el ente fiscalizador. La Fiscalía descubrió además una "red de sobornos" que operaban en varias localidades de la capital del país, en cabeza de estos funcionarios.​​​
• Escándalo en la Policía de Barranquilla. En noviembre fueron capturados, en un operativo conjunto entre Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, 19 policías activos que eran parte de la Policía Metropolitana de Barranquilla y 2 personas civiles que habrían cometido delitos en la ciudad: 15 que utilizaban la base de datos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), aprovechando su condición de autoridad de tránsito, para chantajear a aquellos que no tuvieran documentación al día a cambio de dádivas o sobornos, utilizando personal civil como operadores de radio, 3 que permitían el microtráfico a una banda delincuencial en dos barrios y 1 que había asaltado unos días atrás, en compañía de un exagente de la institución, una tienda de barrio.​

2015

• Escándalo en los Juegos Nacionales
  • El escándalo estalló por el incumplimiento del municipio de Ibagué, capital del departamento del Tolima, en la construcción de algunos escenarios deportivos requeridos para la realización de los XX Juegos Nacionales y IV Juegos Paranacionales, en los cuales el Gobierno Nacional, a través de la entidad reguladora del deporte en el país (Coldeportes), invirtió $258.910 millones de pesos (unos $94 millones de dólares); de los cuales, según una investigación hecha por la Contraloría General de la República, se habrían perdido unos $66.000 millones ($24 millones de dólares), dejando inconclusos los escenarios para las justas deportivas. Luego que la Fiscalía asumiera la investigación, se comprobaron irregularidades en los diseños de los escenarios deportivos y sobrecostos injustificados en su construcción.​ Hasta el momento se ha ordenado la captura de 7 personas por el desfalco, entre contratistas de las obras y exfuncionarios de la alcaldía de Ibagué; de estas personas, hay dos que ya están condenadas, la condena más severa cayó sobre el llamado "cerebro" de esta defraudación: El abogado Orlando Arciniegas Lagos, exasesor externo de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Ibagué, quien fue condenado por la justicia en marzo de 2017 a 36 años y 4 meses de prisión por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, celebración indebida de contratos y concusión, al defraudar al estado en más de $11.500 millones de pesos (unos $4.2 millones de dólares), condenado además a pagar una multa de $22.000 millones de pesos (unos $8 millones dólares). Las investigaciones a 2017 siguen en curso buscando más responsables.​​ En mayo del mismo año, se le imputo una nueva condena al exgerente del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Ibagué (Imdri) Carlos Ángel, por 5 años y 5 meses en prisión, además de una multa de $61 millones de pesos (unos $22.000 dólares), que se suma a la condena ya impuesta de 12 años y $855 millones de pesos (unos $310.000 dólares) en multa.​
• Carrusel de la educación en Córdoba
  • Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación capturaron en octubre a 17 personas que estaban involucradas en una red que tramitaba pagos irregulares de pensiones a educadores en el departamento de Córdoba, los cuales habrían llegado a los $164 mil millones de pesos colombianos (más de $48.8 millones de dólares en 2015). Estos casos ocurrieron entre 2010 y 2012, donde varios abogados, con la complicidad de jueces y funcionarios del departamento, falsificaron poderes y documentos de la Secretaría de Educación de Córdoba y del municipio de Lorica, con los que tramitaban el pago o aumento de mesadas pensionales. Esta operación afectó las finanzas de la Entidad Administradora de Recursos del Ministerio de Educación (Fiduprevisora).​ Entre los involucrados está el senador Armando Benedetti, por lo cual la Corte Suprema de Justicia de Colombia abrió indagación preliminar en su contra.​
• Desfalco a Colpensiones
  • En noviembre fueron capturadas en Armenia por la Fiscalía 15 personas sospechosas de integrar una red que cometió un millonario desfalco a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, a quienes se les imputaron los delitos de fraude procesal, falsedad en documento y estafa. Según las autoridades, los detenidos hacían parte de una banda integrada por 25 personas, quienes habrían conspirado para apropiarse de unos $1.400 millones de pesos ( unos $600.000 dólares) de Colpensiones,​ aunque la cifra podría llegar a los $75.000 millones (cerca de $32 millones de dólares), debido a que la entidad fue defraudada durante varios años por esta "empresa criminal" encabezada por un abogado. Este buscaba a personas mayores pensionadas o tramitando ese derecho argumentándoles que podía conseguir una reliquidación de su pensión y, además, obtener un dinero adicional basado en una discapacidad o invalidez. El sujeto y sus cómplices conseguían historias clínicas falsas de los reclamantes, en las cuales se incluían dictámenes ficticios que servían de soporte para sustentar una presunta pérdida de capacidad laboral. En muchos casos presentaban diagnósticos de enfermedades graves, crónicas o incluso terminales. Con estos documentos, el acusado y sus secuaces realizaban los trámites ante la división correspondiente de Colpensiones en donde, tras estudiar el caso, se autorizaba el pago de mesadas retroactivas. Cuando esto no funcionaba y la entidad negaba la solicitud, el abogado acudía a juzgados y con estos documentos falsos engañaba a los jueces para que dictaran fallos que obligaba a Colpensiones a pagar estas pretensiones.​
• Carrusel de las alcaldías locales de Bogotá
  • Estalló debido a irregularidades halladas por la contratación "a dedo" de fundaciones "de papel" y de "objeto social amplio" de parte de las alcaldías locales o menores de Bogotá, para realizar todo clase de servicios sin pasar por los procesos regulares de licitación establecidos por la ley.​​​ Por estos hechos, la Fiscalía ordenó la captura de las entonces alcaldesas locales de Usaquén, Julieta Naranjo; de Bosa, Diana Calderón Robles; de Suba, Marisol Perilla Gómez, y los exalcaldes locales de Kennedy, Jesús Antonio Mateus y de Los Mártires, Ernesto Rincón; a todos se les imputó el delito de celebración indebida de contratos. Las 20 alcaldías locales o menores de Bogotá, adscritas a la Alcaldía Mayor, manejan en conjunto un presupuesto anual aproximado de $300.000 millones de pesos (unos $98 millones de dólares) a razón de $15.000 millones por localidad (unos $5 millones de dólares), de los cuales se busca determinar cuanto dinero terminó en manos de las fundaciones "de papel" por contratos "a dedo".​
• Escándalo de la salud en el Huila
  • En junio la Fiscalía capturó a 9 personas, entre funcionarios de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), funcionarios de Entidades Promotoras de Salud (EPS) y exalcaldes de municipios del departamento del Huila, imputándoles cargos de celebración indebida de contatos, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito con la respectiva detención en establecimiento carcelario. Esto debido a unas irregularidades halladas en contratos entre la Caja de Compensación Familiar del Huila (Comfamiliar) y Medilaser, una IPS del departamento que no contaba con personal médico suficiente para atender la población de este departamento; estos contratos estaban por un valor aproximado a los $25.000 millones de pesos (uos $96 millones de dólares), dineros públicos que debían ser destinados a la atención de personas inscritas en el Sisben (un sistema estatal de atención en salud para personas de escasos recursos a través del Régimen Subsidiado). La Fiscalía señaló que los capturados se asociaron para "quedarse con el dinero de las personas más pobres que dependen del Sisbén para acceder a los servicios de salud". Además de ello, se descubrió que Comfamiliar realizó contratos con hospitales, clínicas y centros de salud de los municipios de Garzón y La Plata por valor de $6.000 millones de pesos (unos $2.3 millones de dólares) bajo la modalidad de "eventos controlados", limitando los servicios de salud a los usuarios del Régimen Subsidiado.​ En julio se capturaron 2 personas más involucradas en el escándalo, representantes legales de otra IPS que no cumplía con las facultades legales ni con la infraestructura necesaria para la atención de usuarios (Revivir IPS Clínica Valle de Laboyos), firmando contratos con Comfamiliar por valor de $3.000 millones de pesos (unos $1.2 millones de dólares).​
• Captura del alcalde de San Gil
  • En noviembre fue capturado el alcalde en ejercicio del municipio de San Gil; Álvaro Agón Martínez, por los delitos de fraude al sufragante, concierto para delinquir, estafa agravada, urbanización ilegal, captación masiva e ilegal de dinero, no devolución de lo captado y prevaricato por acción. La Fiscalía comprobó que Álvaro Agón, junto a su hermano el exalcalde de San Gil; Javier Agón (condenado por celebración indebida de contratos durante su administración) estafaron a más de 500 personas por el orden de los $1.800 millones de pesos (unos $530.000 dólares de la época) con un proyecto de vivienda llamado "Asociación de Vivienda Brisas del Porvenir" (Asovibrisas). Los estafados pagaron por la administración de un lote destinado a este proyecto de vivienda, el cual está declarado como reserva forestal, por lo que no se podía desarrollar construcción alguna en este lugar. Sabiendo esto, los hermanos Agón convencieron a las familias para el desarrollo del proyecto de vivienda y aprovechándose de su cargo como alcalde, Álvaro Agón autorizó la conformación de la asociación para que los afectados empezaran a invertir en pagos mensuales al supuesto proyecto habitacional que nunca se desarrolló; en su lugar, el dinero recogido fue utilizado para beneficio personal de los Agón.​ En abril de 2017, Javier Agón fue condenado a 12 años de prisión, condena apelada por los afectados quienes la consideran "muy baja" por el daño ocasionado a quienes invirtieron.​
• Escándalo en el sistema judicial de Barranquilla
  • En agosto fueron capturados 11 miembros de la Rama Judicial de Barranquilla, entre jueces, fiscales, comisarios de familia y abogados litigantes, todos por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción agravada y falsedad ideológica en documento público.​ La Fiscalía descubrió, luego de pesquisas a procesos judiciales, que los funcionarios dictaban fallos que favorecían a peligrosos delincuentes de la ciudad a cambio de dinero, conformando una auténtica "empresa criminal" en el interior del poder judicial de Barranquilla.​
• Carrusel de contratos en Bucaramanga
  • En octubre, la Fiscalía capturó al exalcalde de Bucaramanga, Héctor Moreno Galvis, imputándole cargos de falsedad en documento público y privado, falsedad por ocultamiento, peculado por apropiación y celebración indebida de contratos,​ ya que en el tiempo que estuvo a cargo de la administración de la ciudad luego de la destitución del alcalde titular por parte de la Procuraduría General de la Nación, Fernando Vargas Mendoza (de octubre a diciembre de 2011), firmó contratos por más de $2.000 millones de pesos (más de USD$800.000 dólares de la época) sin haber pasado por el proceso de licitación respectivo. Además, se descubrió que muchos de los objetos contractuales firmados nunca se realizaron y, aun así, se entregaron certificaciones de cumplimiento por parte de los supervisores o interventores para el cobro de los mismos. También se descubrieron contratos donde el contratista no cumplía con los requisitos mínimos o la experiencia requerida para el objeto del contrato.​ El exalcalde Moreno Galvis firmó en 2016 un preacuerdo con la Fiscalía, aceptando la mayoría de los delitos imputados, recibiendo beneficio de detención domiciliaria;​ en el mismo año 2016, también fueron condenados dos de los supervisores o interventores de los contratos cuestionados, Libardo Jaramillo y Ulises Dueñas, a 5 y 6 años de prisión respectivamente.​

Otros 2015

• Caso Villarraga. Caso ocurrido en octubre de 2013, cuando unas grabaciones fueron reveladas a la opinión pública. En una de ellas, hay una conversación entre el entonces magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga, y el coronel (r) Róbinson González del Río (posteriormente condenado en julio de 2014 por nexos con bandas criminales), donde el magistrado ofrece ayudarlo con un proceso en su contra a cambio de $400 millones de pesos (USD$163.000 dólares en 2014); del Río tenía dos investigaciones en su contra, una por "falsos positivos" (asesinato de civiles haciéndolos pasar por guerrilleros) y otra por presuntas irregularidades en contratación. En las grabaciones hablan sobre un almuerzo al que, supuestamente, iban a asistir los magistrados Angelino Lizcano Rivera, Pedro Alonso Sanabria y Julia Emma Garzón y la posibilidad de lograr, al parecer, con la ayuda de estos altos funcionarios judiciales, que el proceso en contra del oficial retirado por falsos positivos quedara en manos de la Justicia Penal Militar, donde las penas son menos severas que en la justicia ordinaria. Al respecto, los magistrados mencionados han dicho en reiteradas ocasiones que tal encuentro nunca tuvo lugar y que no actuaron de forma ilegal. La investigación quedó en manos de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, llamando a indagatoria en 2014 a los magistrados implicados en este caso,​ provocando la renuncia, tiempo después, del magistrado Villarraga ante el Senado de la República, renuncia aceptada por el Congreso en pleno.

2013

• Escándalo de la Gobernación del Casanare. El gobernador de Casanare, en el periodo comprendido de septiembre de 2006 y diciembre de 2007, Witman Herney Porras, fue condenado en marzo por la Corte Suprema de Justicia a 18 años de cárcel e inhabilitado para ejercer cargos en el sector público de por vida, debido a la pérdida injustificada de $63.000 millones de pesos (más de USD$34 millones 700 mil dólares de la época) correspondientes a las regalías petroleras del departamento en fiduciarias. Acusado por peculado por apropiación y celebración indebida de contratos, Witman Porras autorizó el traslado de $38.000 millones de pesos (USD$20.967.000 dólares) del departamento a cinco patrimonios autónomos constituidos en Fiduagraria; además de otra operación ilegal en septiembre de 2007 por $25.000 millones de pesos (USD$13.794.000 dólares) al patrimonio de Fidupetrol (posteriormente condenada por la Corte a reembolsar este dinero al departamento, provocando su quiebra) y UT Carbones Likuen. El agravante en las acciones de Porras consistió en que entregó estos dineros "sin contar con la más mínima garantía" a favor del departamento. De esos $63.000 millones, siguen perdidos $46.000 millones (USD$25.381.000 dólares).​

2012

• Caso Santoyo. El General Retirado de la Policía Nacional, Mauricio Santoyo, Jefe de Seguridad del entonces Presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, quien estaba siendo investigado por narcotráfico en Estados Unidos, admitió en agosto en una corte del Distrito de Virginia haber ayudado a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).​​​ Debido a la controversia, Uribe indicó​ que desconocía las "andanzas" de su exfuncionario y que estaba "decepcionado" de este, además de que no había influido en la elección de Santoyo como su Jefe de Seguridad ni en su promoción de coronel a general.​ Sin embargo, sectores políticos de izquierda y algunos periodistas manifestaron que Uribe si había intervenido en la promoción de Santoyo y que éste contribuyó en el establecimiento de la relación del entonces presidente con el narcoparamilitarismo.​ Añadieron que, aparte de Uribe, el actual presidente del país, Juan Manuel Santos (para entonces era Ministro de Defensa), Luis Carlos Restrepo (Comisionado de Paz de Uribe, prófugo de la justicia desde 2012) y el exdirector de la Policía, Óscar Naranjo (futuro Vicepresidente de la República), también sabían de lo que hizo Santoyo en su momento. El sindicado llegó a un acuerdo con la justicia estadounidense, por el cual solo pagaría de 10 a 15 años de cárcel y la posibilidad del otorgarle libertad bajo fianza, además de protección para su familia en territorio norteamericano. Mientras tanto, la Fiscalía de Colombia ejecutó el proceso de extinción de dominio​ a todas las propiedades de Santoyo y su familia.​​
• Escándalo de Interbolsa. Estalló el escándalo por el descubrimiento del desvío de millonarias sumas de dinero por parte de la directiva de Interbolsa (principal corredor de bolsa del mercado bursátil colombiano) de su "Fondo Premium" para su uso personal. Se estima que los perjuicios ascienden a más de $340.000 millones de pesos (unos $170 millones de dólares a la tasa de 2012), perjudicando a más de 1.200 inversionistas, originando también su intervención por parte de la Superfinanciera y posterior quiebra.​​​​​​​​​​ Por este hecho fueron enviados a la cárcel los miembros de la Junta Directiva de Interbolsa Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, además de otras personas vinculadas con la entidad.​ También por este hecho fue condenado a prisión el expresidente de Interbolsa; Rodrigo Jaramillo, además del pago de una multa de $7.000 millones de pesos (USD$3.600.000 de 2012), pese a la inconformidad de las víctimas de esta estafa, porque el condenado tendría prisión domiciliaria debido a su avanzada edad.​ Jaramillo y Ortiz fueron condenados a 5 años de cárcel el 31 de marzo de 2017 con beneficio de detención domiciliaria, condena que los afectados consideran "muy baja".​
• Escándalo de Termorrío. Debido a un laudo arbitral del Tribunal Internacional de Arbitramento, emitido el 22 de diciembre, que condena a la Nación a pagar la suma de USD$60.3 millones, por concepto de indemnización al Consorcio Termorío S.A. E.S.P., por el presunto incumplimiento de un contrato por parte de Electranta, empresa subsidiaria de Corelca, una generadora de energía de propiedad del estado. Esa suma equivale al monto del presupuesto anual para el programa de vivienda de interés social (VIS) del Gobierno Nacional. Por este escándalo, la justicia condenó a 134 meses de prisión al exsuperintendente de Servicios Públicos, Enrique Ramírez Yáñez, al abogado Marino Zuluaga y a la señora Marlén Valderrama, por los delitos de peculado por apropiación e interés ilícito en la celebración de contratos, además de una multa de $111 millones de pesos a cada uno (USD$57.000 de la época).​
• Carrusel de pensiones del Consejo Superior de la Judicatura. Escándalo destapado por la entonces Magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, María Mercedes López Mora, al descubrir que magistrados colegas de ella en esta corporación nombraron, supuestamente, a personas allegadas a ellos para que, en períodos cortos, se hicieran acreedores a pensiones que podían triplicar el salario que devengaban antes de llegar a la Judicatura. En manos de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (cuestionada desde la absolución del entonces presidente Ernesto Samper en el caso del llamado "Proceso 8000") estaba la misión de investigar a los magistrados de la Judicatura que habrían promovido este ‘chanchullo’. Sin embargo, en 2013 la Comisión decidió archivar el proceso.​ Pese a ello, la Contraloría General de la República abrió investigación fiscal en 2012 a los magistrados implicados por detrimento patrimonial al estado en más de $3.421 millones de pesos (USD$17.600.000 dólares de ese año),​ investigación que fue anulada por la Corte Suprema de Justicia, al considerar que la Contraloría no tiene la jurisdicción para investigar a los magistrados de las altas cortes (en Colombia, el fiscal de estos magistrados, al igual que el del Presidente y el vicepresidente de la República, es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, y quien los destituye de sus cargos es el Congreso de la República para que luego sean investigados, ya sin investidura, por parte de los respectivos entes de control).​
• Cartel del Cemento. Los grandes productores de cemento en el país (Argos, Cemex y Holcim) fueron sentenciados por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) al haber acordado manipular, a través de un pacto secreto, el precio del material entre 2010 y 2012 para eliminar a los pequeños productores y, posteriormente, acomodar el precio del concreto a sus intereses; estas tres empresas producen y comercializan el 96% del concreto en el país. Por esta conducta indebida, la SIC les impuso en diciembre de 2017 una sanción de $200.000 millones de pesos (USD$66 millones de dólares a 2017).​

2011

• Condena a exalcaldes de Barranquilla. En octubre, los exalcaldes de Barranquilla Bernardo Hoyos Montoya y Guillermo Hoenisberg, fueron condenados por la justicia a 4 años de prisión cada uno por los delitos de peculado y celebración indebida de contratos, debido a presuntas anomalías en la compra, el 20 de agosto de 1998, de dos lotes que iban a ser utilizados para Vivienda de Interés Social (VIS) en la capital del Atlántico y el municipio de Galapa. La Fiscalía comprobó que el Distrito le adelantó $1.120 millones de pesos (USD$ 606.388 a la tasa de 2011) del total de $4.500 millones (USD$ 2.436.383 en 2011) a Juan Cure Vilaró, dueño de los predios a comprar; los cuales se comprobaron, posteriormente, que no eran idóneos para la realización del proyecto porque presentaban problemas de inundaciones. Aunque el proyecto no se ejecutó, el anticipo no fue devuelto por parte del vendedor ni se hicieron los trámites por parte del Distrito para recuperar esos dineros. Para la época de los hechos, Hoyos era alcalde de la ciudad y Hoenisberg era su Secretario de Hacienda.​ Los dos exalcaldes también fueron procesados penalmente en 2006 por irregularidades en la remodelación del edificio de la alcaldía de Barranquilla en 1993, calculado inicialmente en $1.500 millones de pesos (USD$ 812.127 a 2011), y que terminó con sobrecostos por el orden de los $4 mil millones de pesos (USD$ 2.165.674 en 2011); igual que con el proceso de los lotes, Hoyos era en ese momento alcalde de la ciudad y Hoenisberg Secretario de Hacienda.​
• Destitución del Alcalde de Bucaramanga. En julio, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó de ejercer cargos públicos por 10 años al alcalde en ejercicio de Bucaramanga, Fernando Vargas Mendoza, por irregularidades cometidas en la firma de un convenio con el Instituto Universitario para la Paz (Unipaz), al no haber realizado una licitación pública en la celebración del contrato, el cual lo hizo pasar como convenio para no licitarlo, por la suma de $900 millones de pesos (USD$487.300 dólares a la tasa de 2011), que tenía como fin brindar capacitaciones a docentes y mejorar las condiciones tecnológicas del municipio. Por hechos similares, la Procuraduría también destituyó e inhabilitó de ejercer cargos públicos a funcionarios de alto rango del entonces alcalde Vargas; la más drástica, contra la exsecretaria de Desarrollo Social del municipio, Paola Andrea Carvajal, inhabilitada por 12 años al dividir un contrato de gran cuantía en varios contratos de pequeña cuantía, los cuales no se requieren de procesos licitatorios por la ley colombiana.​ En enero de 2015, el exalcalde Vargas recibió otra sanción, por parte de la Procuraduría, para ejercer cargos públicos por 11 años, debido a irregularidades contractuales presentadas en la construcción de la Fase I del Parque Integral Metropolitano de Bucaramanga. Según el ente de control "El exalcalde intervino en la celebración del citado contrato de obra pública sin contar previamente con estudios técnicos y económicos precisos, serios y completos, teniendo en cuenta que los estudios geotécnicos no tuvieron el alcance necesario y de cubrimiento de gran parte del área donde se concibió construir el parque". Por este hecho, también fue sancionado su exsecretario de Infraestructura, Álvaro Ramírez Herrera, con 12 años sin ejercer cargos públicos.​
• Escándalo de la DIAN. Estalló por el descubrimiento de operaciones fraudulentas de funcionarios de la DIAN con las que se apropiaban de recursos del Estado enmascarándolos, por medio de cifras infladas, como devolución de IVA. Incluso, involucró el soborno a los investigadores iniciales por $1.400 millones de pesos (USD$ 350.000 dólares en 2016). Se estima que los perjuicios totales a la nación llegaban a más de $400.000 millones de pesos (más de $133 millones de dólares a la tasa de diciembre de 2016).​ Por estos hechos, fueron detenidos 12 funcionarios de la DIAN que podrían afrontar penas de hasta 18 años de cárcel.​
• Escándalo de la Salud en Colombia. En el mes de mayo, el presidente Juan Manuel Santos anunció el descubrimiento de un desfalco a los dineros de la salud, gestado desde hace varios años que podrían superar no millones, sino billones de pesos en el Ministerio de la Protección Social. A través de un trabajo conjunto entre la Fiscalía, la Procuraduría, la Policía y la Presidencia, se logró detectar a un grupo de funcionarios del Ministerio de la Protección Social que organizaron un verdadero grupo delictivo mediante el cual presentaban reclamaciones fraudulentas al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), con el que se financia la salud de los más pobres en Colombia. Una de las modalidades de fraude consistía en “autorizarles los pagos a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que habrían sido retenidos”; esto significa que, la ‘‘organización delictiva’’ negaba el derecho de los pacientes a acceder a los medicamentos y tratamientos a través del Plan Obligatorio de Salud (POS), y con esto desviaban el servicio obligando a un reembolso de la prestación de los servicios por el NO-POS (por el que responde directamente el Gobierno), lo que obligaba al Fosyga a disponer de los recursos y generar un doble cobro. Otra modalidad era colocar "personas fallecidas que recibieran los beneficios de sobrecostos monumentales o personas que interponían una tutela para que les pagaran por los tratamientos, ganaban la tutela, les pagaban y resulta que esas personas nunca recibían la plata, sino que eran personas que esta mafia ponían a cobrar sin que las beneficiarias se enteraran". Por estas acciones fueron capturadas siete (7) personas, entre funcionarios del Ministerio, particulares y trabajadores de EPS´s.​ Este hecho provocó, con el pasar de los años, que muchas EPS´s en Colombia se encuentren en grave crisis económica, ya que ellas dependen para sus gastos de funcionamiento y pago a sus proveedores de los recobros al FOSYGA que, debido al escándalo, ahora tardan mucho tiempo para hacerse efectivo, mientras se estudia el cumplimiento de los requisitos para el desembolso. Mientras tanto, las EPS´s incumplen las respectivas obligaciones con sus acreedores y, en consecuencia, se genera la suspensión de sus servicios en las clínicas y hospitales públicos y privados. En algunas EPS´s la crisis es tan grave que la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ha debido intervenirlas para, o reestructurar sus deudas o liquidarlas, como los casos de Caprecom y Saludcoop (que eran en su momento las más grandes de país). Las deudas de las EPS´s a las clínicas y hospitales del país suman, a finales de 2015, unos $4 billones de pesos (cerca de USD$1.200 millones a la tasa de 2015).​

2010

• Escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Escándalo que se destapó por una investigación hecha sobre dos bienes incautados al capo del extinto Cartel de Medellín; Roberto Escobar Gaviria, alias "El Osito", hermano del fallecido jefe del cartel, Pablo Escobar. Se descubrió que alias "El Osito" habría retomado el control de esos bienes a través de los depositarios de los inmuebles e intermediarios, quienes firmaron entre sí contratos de arriendo por 50 años para diferentes proyectos productivos y sociales en esos terrenos; todo esto, con la complicidad y beneplácito de servidores públicos.​ Se descubrió también que ese mismo "modus operandi" fue utilizado por otros narcotraficantes y jefes del crimen organizado en más bienes incautados por la Fiscalía General de la Nación a través de la extinción de dominio, y entregados en custodia a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), un órgano estatal. Este escándalo llevó al gobierno nacional a intervenir de manera directa la DNE,​ ordenando la liquidación de la entidad que concluyó en el año 2014; al mismo tiempo, la Fiscalía investigó penalmente, a junio de 2014, a 41 personas involucradas en el escándalo, entre directores, subdirectores y asesores de la DNE, así como congresistas (los cuales, por su cargo, debían ser investigados por la Corte Suprema de Justicia) y particulares que actuaban como testaferros e intermediarios, de los cuales ya existen condenas contra varios de los implicados. Se descubrió que el sistema F.A.R.O (Fácil Acceso, Rápido y Oportuno), que era el sistema de seguridad de información usado por la DNE para los bienes incautados por la Fiscalía, era tan vulnerable que se podrían alterar fácilmente datos como los nombres de los propietarios, quien los custodia y el avalúo de los mismos. Todos los bienes incautados que estaban en manos de la DNE, calculados en 70.000 propiedades, pasaron a manos de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE), una filial de la empresa de economía mixta Central de Inversiones S.A. (CISA), encargada de negociar activos de y para el Estado.​​ A 2016, aún continua la investigación en busca de más implicados.​
• Carrusel de la Contratación en Bogotá. Estalló en junio debido al descubrimiento de asignaciones fraudulentas de millonarios contratos para la construcción de la tercera fase del sistema de transporte público TransMilenio de Bogotá, entre otros contratos para la ciudad. Por este caso, están condenados el exalcalde de la ciudad Samuel Moreno y su hermano, el excongresista Iván Moreno Rojas, igual que el excongresista Germán Olano y otros antiguos altos funcionarios distritales y empresarios colombianos (el Grupo Nule, conformado por los primos Manuel, Miguel y Guido Nule).​ El detrimento patrimonial se estima en $2,2 billones de pesos colombianos (USD$1.100 millones de dólares a 2011).
• Gobernadores y exgobernadores de Colombia destituidos e inhabilitados para ejercer cargos públicos. A continuación se relaciona una lista de gobernadores departamentales en ejercicio y exgobernadores destituidos e inhabilitados en los últimos 2 años por la Procuraduría General de la Nación para ejercer cargos públicos, debido a irregularidades cometidas en sus mandatos que involucran violación del régimen de inhabilidades de la ley colombiana para cargos de elección popular, contratos suscritos de manera indebida, delitos electorales y vínculos con bandas criminales y personas y empresas de dudosa reputación (en los 3 últimos casos, los mandatarios y exmandatarios respondieron también penalmente en la Fiscalía). Gobernadores en ejercicio: Juan Carlos Abadía, gobernador del Valle del Cauca; Oscar Raúl Flórez, gobernador del Casanare; Joaco Berrío, gobernador de Bolívar; Felipe Alonso Guzmán, gobernador del Putumayo; Fredy Forero Renquiva, gobernador de Arauca; Guillermo Alberto González, gobernador del Cauca; Blas Arvelio Ortiz, gobernador del Vichada; Oscar López, gobernador del Guaviare; Patrocinio Sánchez Montes de Oca, gobernador del Chocó. Exgobernadores: Jorge Eduardo Londoño, exgobernador de Boyacá; Efrén de Jesús Ramírez exgobernador de Guainía; Luis Carlos Torres Rueda, exgobernador del Meta; William Pérez Espinel, exgobernador del Casanare.​ Cabe destacar que, en el periodo de Alejandro Ordóñez como procurador general de la Nación (2009-2016), se han sancionado por irregularidades cometidas en sus mandatos e inhabilidades para ejercer cargos públicos a 2.806 funcionarios, entre gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y congresistas;​ mientras que en el periodo de Edgardo Maya (2004-2008) se destituyeron e inhabilitaron de ejercer cargos públicos a 460 funcionarios de elección popular por las mismas razones de su sucesor.​

Véase también

• Anexo:Casos de corrupción política en Colombia por año
• Anexo:Casos de corrupción política en Colombia entre 2000-2009